Jorge Correa Sutil señaló que es posible que el hallazgo de un cuantioso arsenal en la ex Colonia Dignidad "redefina nuestra estrategia jurídica" contra del enclave alemán.
El subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, afirmó que el Estado está abierto a redefinir su estrategia jurídica contra Villa Baviera tras el hallazgo de un arsenal "digno de un ejército" en el enclave alemán.
Al ser consultado sobre la posible aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, la autoridad de Gobierno dijo que "nosotros no descartamos nada en este momento".
"Una vez que tengamos el cuadro completo es posible que esto redefina nuestra estrategia jurídica respecto de la Colonia Dignidad, pero no quiero en estos momentos hacer anuncios en nombre en el Gobierno, cuando todavía estamos con una situación en pleno desarrollo", señaló en conversación con El Diario de Cooperativa.
Correa Sutil reiteró que, a juicio del Gobierno, el hallazgo no deja lugar a dudas respecto de que el enclave alemán fue el centro de una asociación ilícita.
"Estamos ante una organización que se presentó al país como una entidad benefactora y que claramente se muestra ahora como una entidad que cometió una multiplicidad de delitos, entre ellos de carácter político y con un armamento digno de un ejército", dijo.
"No pretendo presionar a los tribunales pero creo que si una asociación de esta naturaleza, (que) tiene un arsenal de estas proporciones, no es un asociación ilícita, yo no sé cuándo vamos a reconocer que ésta es una asociación ilícita", enfatizó.
La autoridad de Gobierno sostuvo que "este hecho nuevo, claro, contundente debiera llevar a un resultado en las causas judiciales que esta siguiendo el Consejo de Defensa del Estado, directamente el Gobierno, que las acelera significativamente".
El subsecretario aclaró que "ninguna fuente responsable" puede asegurar con certeza de donde provenían esas armas, ya que para ello se requieren los peritajes correspondientes.
"Yo no podría decirle con certeza si esto fue importado o si fue construid ahí, cuál es el origen, cuál es la data", sostuvo, en referencia a un supuesto vínculo de las armas con alguna de las ramas de Fuerzas Armadas.
El Gobierno ha aplicado la Ley de Seguridad del Estado en contra de detenidos en incidentes registrados el pasado 11 de septiembre. Asimismo la aplicó a dirigente microbuses por el paro del 12 de agosto de 2002 que ocasionó graves atochamientos en la capital, y en el marco del conflicto mapuche.
