La causa investiga cohecho como delito base para el lavado de activos, vinculado a la relación de los operadores de este tipo de máquinas.
Ante la posibilidad de que existan delitos de corrupción, el Ministerio Público derivó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) los antecedentes de la investigación en torno al caso "tragamonedas", según informaron fuentes de la causa.
El caso investiga el delito de cohecho como delito base para el lavado de activos, vinculado a la relación de los operadores de máquinas de juego –Fiden- con funcionarios públicos y del mundo político.
Actualmente el caso se encuentra bajo secreto y entre sus diligencias se han realizado interceptaciones telefónicas, allanamientos de domicilios –como el del ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett- y se requirió información de 20 municipios.
Según el abogado Juan Carlos Manríquez que representa a la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, el CDE podría querellarse en la causa si es que existen antecendentes de delitos funcionarios.
"Si la Fiscalía de Alta Complejidad decidió enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, es porque cree que hay indicios de aquellos hechos que conforman la ley orgánica del Consejo. Le corresponde a ese organismo evaluar y eventualmente decidir si se querella, si existe interés fiscal comprometido o se han cometido delitos de aquellos que involucran a funcionarios públicos", explicó.
En tanto, desde la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos (Fiden)-que está bajo la lupa de la fiscalía- no hay antecedentes de delitos.
"No existe el delito de lavado de activos que está planteando la fiscalía, no existe porque si bien la sujeción, no genera bienes activos", aseguró Marcelo Castillo, el abogado de la Fiden.
"Es bueno que haya tres fiscales así se va a investigar con más acuciosidad la acusación inicial planteada por el fiscal (Roberto) Contreras y después se verá qué ocurre con el curso de la investigación", agregó Castillo respecto a la decisión del fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, de dejar fuera de la investigación a quien destapó la arista política, el fiscal Roberto Contreras.
Actualmente, la investigación está en manos del fiscal jefe de alta complejidad, Felipe Sepúlveda quien trabaja con otros dos persecutores de la unidad.
