Los concejales Marta Larraechea (DC), Ricardo Zúñiga (PPD) y Juan Recabarren (PS) votaron en contra de la propuesta edilicia; en tanto que apoyaron la moción Omar Saffie (RN), Renato Sepúlveda (RN), Ana María Illanes (RN) y Carolina García de la Huerta (Independiente pro UDI), además del propio Joaquín Lavín.
Los montos recibidos se pretenden destinar a pagar deudas, compensar bajas en la captación de recursos y realizar grandes obras para el Bicentenario.
Tras la discusión, Lavín dijo que el tema se había transformado en un problema político. Agregó que “el agua de todos los chilenos se vendió hace tiempo” en referencia a la venta de sanitarias durante el gobierno de Eduardo Frei.
Ante esto, al esposa del ex Mandatario, Marta Larraechea, respondió que se “ha dicho acá que esto es igual que la venta de las sanitarias. Es mentira porque él sabe que el Gobierno se quedó al menos con un 40 por ciento de esas ventas y, con ese 40 por ciento, el Estado gana más que cuando tenía el 100 por ciento, por lo tanto fue un estupendo negocio para el Estado y éste ha sido un pésimo negocio para el municipio".
La concejal, además, denunció que “en esta oportunidad se nos dio vuelta la espalda. Nosotros hemos pasado horas discutiendo en la sala de comisiones respecto a un semáforo, respecto a patentes de alcoholes (...) y en este tema que es tan importante para la comuna -como es esta gratuidad perpetua que hemos tenido del agua se nos dio un pequeño memorándum, indecente, todo en condicional... jamás se nos dijo que se hubiera hecho un estudio económico serio, nunca”.
El contrato con Aguas Andinas
El contrato con la empresa sanitaria Aguas Andinas, de capitales españoles, establece que la cesión será cancelada con 6.500 millones pesos.
El mecanismo establece que 5.500 millones se cancelarán al contado a través de un vale vista; 635 millones, en uno o más vales vista a tres años, para solventar las deudas de agua de los vecinos con problemas, y 365 millones como donación de Aguas Andinas al Teatro Municipal.
La cláusula que más molestó a los concejales de Gobierno fue la número 7, que indica que sólo hasta 2005 el municipio pagará por conceptos de agua un máximo de 700 millones pesos y que, si se excede, el resto será gratis.
Otra que también causó inconformidad es la número 9, donde se obliga al municipio a pagar un consumo mínimo de mil 890 millones de metros cúbicos, aunque gaste menos.
