La lectura, el martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, de la controversial resolución parlamentaria suscrita hace 50 años que entonces declaró "inconstitucional" el Gobierno democrático de Salvador Allende (1970-1973) y que allanó el camino al golpe de Estado, sigue generando polémica.
Esta mañana, el Partido Comunista (PC) intentó, sin éxito, que el pleno de la Corporación condenara la polémica declaración del 22 de agosto de 1973, en la que diputados de la época denunciaron el "grave quebrantamiento del orden constitucional" por parte de la Unidad Popular (UP) e instaron a las fuerzas de seguridad a actuar para "encauzar la acción gubernativa" y restablecer la "convivencia democrática".
Aquella resolución fue usada durante muchos años como "sustento jurídico" para justificar el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que dio inicio a la cruenta dictadura encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó más de 3.000 opositores ejecutados.
"La Cámara de Diputadas y Diputados condena, a 50 años del golpe cívico militar, el acuerdo de la Corporación del 22 de agosto de 1973 contra el gobierno del Presidente Salvador Allende, rechazando toda iniciativa que tienda a desestabilizar el orden constitucional y democrático de la República", decía el proyecto de resolución ingresado por el PC, rechazado hoy por 57 votos a favor, 60 en contra y dos abstenciones.
La resolución del PC fue rechazada con 57 votos a favor, 60 en contra y dos abstenciones.
"La declaración del 22 de agosto del 73 tuvo un carácter eminentemente inconstitucional y sedicioso, amén de golpistas", dijo la vicepresidenta de la Cámara, la comunista Carmen Hertz, cuyo marido fue ejecutado por la "Caravana de la Muerte", un pelotón represor dirigido por uno de los principales oficiales golpistas que ejecutó a decenas de personas por todo el país en los días posteriores a la asonada.
Añadió que "la Constitución del 25 no autorizaba jamás emitir una declaración en la que hubiera, además ,un llamamiento a los comandantes en las Fuerzas Armadas, que en ese momento tenían el cargo de ministros de Estado del Gobierno de Salvador Allende a intervenir. Por lo tanto, una declaración que deshonró a quienes la suscribieron hoy, es menester que el Poder Legislativo se pronuncie sobre un acto inconstitucional que cometieron nuestros antecesores".
DIPUTADO UDI: "NO PODEMOS BORRAR CON EL CODO LO QUE SE ESCRIBIÓ CON LA MANO"
Tanto Chile Vamos -integrado por Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y Evópoli- como el Partido Republicano expresaron su respaldo jurídico y político a la declaración de hace 50 años y pidieron leerla punto por punto, lo que fue aprobado ayer por 50 votos a favor, 42 en contra y una abstención.
"Para ser justos, el 22 de agosto ese documento se escribió por los parlamentarios de esa época, de la Democracia Cristiana y de la gran mayoría de parte de este Congreso, y hoy día no podemos borrar con el codo lo que se escribió con la mano", adujo hoy desde la derecha el diputado de la UDI Cristián Labbé, hijo de Cristián Labbé Galilea, exagente de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet.
En El Primer Café, el diputado de Evópoli Francisco Undurraga defendió su apoyo a la lectura de la resolución, llamando a ser "conscientes de toda la historia y no de una parte solamente".
"Condenando, evidentemente, y no cambiando mi opinión en relación con la crisis institucional y lo funesto del golpe de Estado de Chile, nosotros tenemos que abrirnos -y ciertos sectores de la izquierda también tienen que abrirse- a conversar, discutir y dialogar sobre lo que pasó con anterioridad al 11 de septiembre, que, como tantas veces lo hemos señalado y lo hemos condenado, no nace como un hongo", afirmó el extimonel.
DC VOTA EN CONTRA
Ayer, a diferencia de hace 50 años, cuando votó a favor, la DC votó en contra de la petición de la derecha y se alineó con el oficialismo. Hoy, en cambio, rechazó la solicitud comunista.
Al respecto, el diputado y presidente de la falange, Alberto Undurraga, aseguró que en ningún caso la resolución de agosto de 1973 fue un llamado a un golpe de Estado.
Más temprano, en El Primer Café, el dirigente sostuvo que el polémico documento planteó "una crítica fundada" al Gobierno de la UP liderado por Allende, pero señaló que leerla ayer en el hemiciclo -a días de la conmemoración del golpe de Estado- fue una "provocación" de la derecha.
"Toda relación entre los partidos políticos se hace sobre la base de las convicciones que tiene cada uno de ellos. Hemos llamado a votar en contra de lo que planteaba el PC y eso tuvo mayoría hoy en la Cámara", insistió más tarde el legislador.
Por su parte, la diputada de Demócratas Joanna Pérez, exdemocratacristiana, defendió que la declaración "era algo que reflejaba en ese minuto lo que pasaba con el Gobierno de Allende, un quebrantamiento institucional, no se estaban respetando las garantías constitucionales, y eso es parte de la realidad. No somos quienes hoy día para cuestionar algo que en ese minuto no se sabía: que iba a haber un golpe de Estado".
De todos modos, el jefe de la bancada comunista, Luis Cuello, acusó que en la falange "cometieron un error histórico al apoyar un proyecto de acuerdo que claramente se salía de la Constitución, que llamaba a un golpe de Estado, que evitaba usar las herramientas que la Constitución de 1925 preveía. Y hoy la DC y los exdiputados (de ese partido) han cometido un segundo error histórico que van a lamentar en el futuro".
CÁMARA CONDENA VIOLENCIA SEXUAL EJERCIDA POR LA DICTADURA
Posteriormente, el pleno sí aprobó una resolución promovida en el Frente Amplio con la que "la Cámara de Diputadas y Diputados acuerda condenar la violencia sexual ejercida por la dictadura militar entre los años 1973 a 1990 contra mujeres y solicita a S. E., el Presidente de la República, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, visibilizar la ocurrencia de este tipo de violencia e impulsar medidas de reparación para las víctimas sobrevivientes y/o sus familias".
Dicha declaración fue aprobada por 71 votos a favor, 15 en contra -incluidas dos mujeres, las diputadas Paula Labra (RN) y Gloria Naveillán (independiente- Social Cristiano)- y 35 abstenciones.
La propia Naveillán justificó su voto manifestando -pese a los fallos judiciales- que estos casos son parte de "la leyenda urbana".
Entre quienes se abstuvieron está Mauricio Ojeda (ind-Republicanos), quien dijo estar "del lado de las mujeres en toda época, pero dentro del proyecto vienen temas que tienen que ver con ideologías de género, las cuales no compartimos".
La parlamentaria Mercedes Bulnes (ind-FA), quien sufrió tales vejámenes en dictadura, recordó que en el hemiciclo "hay a lo menos dos diputadas que fuimos víctimas de violencia sexual durante nuestras respectivas detenciones".
"Es un hecho especialmente deleznable, porque humilla profundamente a la mujer, destruye la cohesión social y además, constituye una falta de hombría", de manera que "lo que más lamento es que hubo diputadas que votaron en contra de este proyecto".
Mientras que su par Daniel Manouchehri (PS) expresó que "acá el llamado a la derecha es que sin ambigüedades cuestione y rechace rotundamente las violaciones a los DDHH, porque si no estamos hablando acá de verdaderas bestias más que personas".
La resolución del Frente Amplio fue aprobada con 71 votos a favor, 15 en contra -incluidas dos mujeres- y 35 abstenciones.
