El abogado Luis Cordero, director del centro de estudios Espacio Público, aseguró que el derecho a reunión es una "garantía que debe ser resguardada" y consideró que el anuncio del Gobierno sobre impulsar una ley que lo regule fue más bien "estratégico", enmarcado en la acusación constitucional contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara.
En conversación con Lo Que Queda del Día, Cordero aseguró que la regulación de ese derecho es una discusión que lleva cerca de una década latente en el mundo y "casi todos los casos importantes que se han discutido en otras partes convergen en la misma idea, que ocupar el espacio público es también una manera de expresar opinión e ideas".
De esa forma, sostuvo que "es relevante porque tenemos abundantes recomendaciones de organismos de derechos humanos y casos en el sistema europeo de interamericano de derechos humanos y en cortes nacionales que en el fondo entienden que el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, sin permiso previo, constituye una garantía que debe ser cuidadosamente resguardada".
"Discusión estratégica"
En Chile, apuntó, "pareciera que estamos discutiendo recién este asunto", pero detalló que "es una discusión que tiene largo aliento aquí", y en los casos más recientes fue abordado durante la dictadura con una "ley antiprotesta", luego derogada en el retorno a la democracia, quedando "la misma norma que teníamos en la Constitución del 25": "Estamos volviendo a replicar un debate que tiene bastante tiempo entre nosotros".
"La discusión de si debe estar regulado en decreto o en ley es muy antigua, de hecho éste es un caso bien excepcional donde la propia Constitución autoriza que sea regulado vía reglamentaria, y eso ya es cuestionable por cómo está diseñado. Durante muchísimos años a las organizaciones de DDHH han señalado que la regulación vía decreto es inconstitucional", complementó.
En ese contexto, Cordero supone que el anuncio del Gobierno de impulsar una ley para regular el derecho a reunión durante este primer semestre, surge de la acusación constitucional que enfrenta Guevara por su estrategia de "copamiento" policial de Plaza Baquedano.
"Producto de la acusación constitucional contra el intendente Guevara ha nacido esta discusión, y tengo la impresión de que detrás hay una discusión más bien estratégica, que es revelar el hecho de que se está aplicando el decreto vigente, pero que esto debiera estar regulado por ley", planteó.
De todas maneras, prevé que "este anuncio quedará diluido en el tiempo porque es probablemente una de las cuestiones más complejas de abordar en estos momentos", entre otras razones, "porque los hechos recientes van a ser ejemplos muy habituales en una discusión de estas características".
