El Ministerio Público ingresó al 10º Juzgado de Garantía de Santiago la acusación contra los siete carabineros formalizados por apremios ilegítimos y tortura en contra del estudiante de Medicina Josué Maureira al interior de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda.
Este hecho, que se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la violencia policial tras el estallido social, se dio durante la madrugada del 21 de octubre de 2019, luego que Maureira fuera detenido en un supermercado de la mencionada comuna y trasladado a la comisaría, donde acusa que se produjeron los ataques.
Ante esto y luego de dos años de investigaciones, la Fiscalía ingresó hace 10 días la acusación contra estos uniformados. El documento señala que los siete involucrados será llevados a juicio oral, cinco de ellos acusados por tortura y dos por apremios ilegítimos.
Además, como punto importante, se desestimó la opción de incluir en la causa el delito de tortura calificada, dado que en las indagatorias no se encontrar pruebas suficientes para probar que los uniformados hayan participado de ataques sexuales contra el afectado.
"Respecto de la tortura calificada este delito fue reformalizado a tortura simple previo al cierre de la investigación, puesto que no se pudo acreditar la participación de los imputados en este hecho, no obstante el SML en una ampliación del informe sexológico refiere indicios que pudieran atribuirse a una acción de índole sexual en contra de la víctima", indicó a La Tercera PM, la vocera de la Fiscalía Sur, Sandra Reveco.
Debido a esto, el Ministerio Público solicitó una pena de siete años por el delito de tortura para los funcionarios Erwin Espinosa, Ciro Cubillos, Marcos Valenzuela, Javier Marchant y Marcos Vásquez.
Mientras que Luna Werchez y Daniel Meneses son acusados del eventual delito de apremios ilegítimos. Para la uniformada se piden cuatro años de cárcel y para Meneses tres años.
Detalles de los hechos
Según dio a conocer La Tercera, el texto entregado por la Fiscalía detalla que tras la detención, los carabineros "profirieron expresiones degradantes, alusivas a la orientación sexual del ofendido, tratándolo de 'maricón cu...', para luego proceder a bajar sus pantalones, burlándose del tamaño de su pene y de la pintura que llevaba puesta en sus uñas".
En esta línea, se indica que Maureira recibió de forma reiterada "golpes de pie y puño, haciendo uso, además, de sus bastones institucionales, acción desplegada con una finalidad de castigo debido a la resistencia inicialmente opuesta por el ofendido a su detención y en razón de una discriminación hacia el ofendido debido a su homosexualidad".
Situación similar a la que enfrentó al llegar a la comisaría, donde -se señala en el documento- los funcionarios de Carabineros lo golpearon en reiteradas ocasiones "aprovechando un punto ciego donde las cámaras de seguridad no captan imágenes".
Estos hechos, dio cuenta el medio antes citado, dejó al joven universitario con "múltiples contusiones equimóticas y hematomas traumáticos de cuello, tórax y extremidades superiores e inferiores, según informe evacuado por el Servicio Médico Legal".
Defensa y querellante están optimista
Sobre el juicio que se viene contra estos funcionarios, Rodrigo Lazo, abogado defensor de los carabineros Werchez, Meneses y Vásquez, afirmó que están optimista de la resolución que entregue la justicia, ya que "se logró que la fiscalía reformalizara el delito de tortura agravada para terminar en un delito de tortura simple, lo cual es bastante importante"
"Esa situación es crucial dentro de la investigación, porque desestima por completo la teoría de que los funcionarios de Carabineros habrían abusado sexualmente de la víctima", puntualizó el jurista a La Tercera PM el abogado que representa a Werchez, Meneses y Vásquez.
Finalmente, Lazo cuestionó a la Fiscalía y aseguró que "la imputación que se hace de tortura está amparada básicamente en la declaración de la víctima y a esta no se le creyó respecto de la introducción del bastón que era lo más grave".
Mientras que la abogada querellante, María Elena Santibáñez, adelantó que "existe contundente prueba en este caso para acreditar la existencia de los delitos de tortura y apremios ilegítimos".
"El hecho de que se haya sacado el tema sexual tiene que ver con insuficiencia para acreditar la participación de los imputados", puntualizó al medio antes citado, aunque advirtió que esto no significa que el ataque no ocurriera y que "el resto de los hechos son lo suficientemente graves y están bien probados".
