La Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) señaló que "las justas y legítimas demandas" que dieron origen al denominado estallido el 18 de octubre de 2019 siguen plenamente vigentes dos años después del inicio de la crisis social, la peor desde el término de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
A través de un comunicado, la Cchdh afirmó que "aún persiste el abuso institucionalizado, la grosera desigualdad y un modelo político y económico incompatible con los derechos humanos, a la vez que continúa la falta de credibilidad en las instituciones".
VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN
En materia de verdad, justicia, reparación y no repetición, el organismo advirtió que el balance "resulta poco alentador".
"El Estado de Chile se encuentra en serio incumplimiento, incurriendo en responsabilidad internacional", indicó la Cchdh.
En ese sentido, el organismo recordó que de las 3.072 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra agentes de seguridad por su presunta responsabilidad en abusos en las protestas, sólo cuatro casos han recibido sentencias condenatorias y ninguna de ellas condenó a penas efectivas de cárcel a los uniformados involucrados.
"Los procesos iniciados por violaciones a los derechos humanos no avanzan y sus responsables gozan de la más absoluta impunidad", lamentó la Comisión.
INDULTO A PRESOS DEL ESTALLIDO
Párrafo aparte, la Cchdh reiteró en el documento su respaldo al proyecto que pretende indultar a los detenidos del estallido social, que "sigue estancado en el Senado injustificadamente", criticó.
"El comportamiento asimétrico de los órganos mandatados por ley para investigar y administrar justicia, esto es, el Ministerio Público y el Poder Judicial, se expresa en la permanencia aún –en inaceptables condiciones carcelarias- de casi un centenar de jóvenes privados de libertad con ocasión de la revuelta social, producto del abuso de la prisión preventiva, la vulneración de la presunción de inocencia y las formalizaciones arbitrarias, entre otras transgresiones al derecho al debido proceso", sostuvo la Comisión.
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Respecto a la elaboración de la nueva Carta Fundamental, la Cchdh espera que "el inédito e histórico proceso constituyente en curso, iniciado fruto del estallido social, siente las bases de una convivencia democrática entre todos los habitantes del territorio nacional, fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos, que es la demanda mayoritaria expresada durante la revuelta social".
"Para ello, la Convención Constitucional, como órgano del Estado, tiene el deber de redactar el nuevo texto constitucional teniendo como marco referencial obligatorio, los derechos humanos contemplados en los diversos tratados internacionales sobre la materia, suscritos y ratificados por el Estado de Chile, en virtud del principio de Derecho Internacional que impone a los Estados la obligación de cumplir lo pactado so pena de incurrir en responsabilidad internacional", señaló.
"NORMALIZACIÓN DE DISCURSOS NEOFASCISTAS"
Hacia el final del documento, la Cchdh expresó "preocupación" por la "explosiva proliferación y normalización creciente, de los discursos negacionistas, xenófobos y neofascistas, a cuyos cultores, -incluidos algunos que ocupan cargos de elección popular ó aspiran a ellos-, se les da tribuna permanente en los medios de comunicación masivos, bajo el pretexto de respetar la libertad de expresión".
"Dichos discursos, no sólo son contrarios a los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que el Estado de Chile se encuentra obligado a respetar, sino que además, contrarían los anhelos y sueños mayoritarios de quienes aspiran formar parte de una convivencia democrática fundada en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, única forma de alcanzar la Paz social y la plena Dignidad de cada uno de sus integrantes", enfatizó.
LLAMADO A PROTESTAR DE FORMA PACÍFICA
De cara al 18-O, la Cchdh hizo un llamado a quienes, en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario del estallido social, "van a ejercitar el legítimo derecho a la manifestación, lo hagan pacíficamente sin aceptar provocaciones de la represión estatal".
"No queremos que aumente la larga lista de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en estos dos años", remarcó.
