El abogado y presidente del organismo, Carlos Margotta, enfatizó que la decisión de la CPI de no investigar al Mandatario por presuntos crímenes en las protestas no es definitiva.
Aseguró que hay información suficiente para sancionarlo y que será presentada en los próximos días.
Después de que la Corte Penal Internacional (CPI) descartara investigar a Sebastián Piñera y otras autoridades de Gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad durante las protestas de 2019, desde los denunciantes, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), Carlos Margotta, enfatizó que la decisión no es definitiva y aseguró que hay información suficiente para continuar con el caso.
"En la propia comunicación que nos envía la Fiscalía de la CPI hay una frase que quiero leer textual y que dice: 'La presente decisión puede ser reconsiderada a la luz de nuevos hechos o nueva información'. Nosotros estamos trabajando precisamente en la entrega de un conjunto de nuevos antecedentes, muy sólidos y fundantes, que no hacen sino reafirmar nuestra tesis, de manera de que esta instancia aún no puede darse por terminada", dijo el abogado a Cooperativa.
"(El caso) va a continuar sobre la base del necesario estudio que va a tener que hacer la Fiscalía de la CPI respecto a los nuevos antecedentes que vamos a presentar en los próximos días", remarcó.
La CPI, con sede en La Haya, notificó ayer, miércoles, al Estado de Chile que "después de evaluar todos los antecedentes disponibles, descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción", según informó la Cancillería.
La denuncia la interpusieron el pasado mes de abril la CChDH, el ex juez español Baltasar Garzón, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED).
En su recurso, solicitaron que se investigue y juzgue a Piñera y a otros colaboradores "civiles y militares" por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las masivas manifestaciones de octubre de 2019, denunciaron que las investigaciones de estos abusos en Chile sufren "demoras injustificadas" y cuestionaron la independencia e imparcialidad de la Fiscalía y de la Justicia.
La vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Marta Valdés, anunció que iniciarán acciones para presionar en torno a sus casos y se cuadró con la postura del Cchdh.
"(La Comisión) cuenta con todo nuestro apoyo: ellos son los que llevan la mayor cantidad de querellas de nuestros compañeros y nuestras compañeras y, por lo tanto, vamos a aportar todo lo necesario para que puedan hacer llegar a la CPI esos casos", dijo la dirigenta.
"Hay videos, nuestros compañeros han mandado varias veces testimonios, tenemos evidencias y hay carabineros identificados que dispararon. Haremos llegar todos los antecedentes necesarios para que se revierta esta decisión que ha tomado La Haya, porque es muy desesperanzador", agregó.
El Gobierno ha negado reiteradamente que existiera una política sistemática y deliberada para reprimir las marchas, aunque distintas voces del Ejecutivo sí han reconocido en este tiempo que las fuerzas policiales cometieron violaciones de derechos humanos.
