Casi 10 meses después de que saliera a la luz el polémico informe "Big Data" del Gobierno, que revisaba el comportamiento de las redes sociales durante las protestas de fines del 2019, la Contraloría afirma que este fue entregado a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) de forma gratuita.
El dictamen del ente contralor responde al requerimiento de Pedro Araya (Independiente) en calidad de secretario general (s) del Senado, quien consultó sobre la legalidad del acceso del Ministerio del Interior a este documento, indicando que la gestión podría contravenir la normativa de lobby y de compras públicas.
El Gobierno ratificó ante la Contraloría que la empresa Alto Data Analytics fue la que lo entregó a la ANI, que a su vez lo puso a disposición de la cartera, que finalmente lo envió al Ministerio Público en relación con las diversas investigaciones por hechos de violencia durante el llamado estallido social.
Dictamen E37908N20 CGR: Big Data by Cooperativa.cl on Scribd
Ante el requerimiento del senador, el dictamen cita la ley N° 20.730, que regula las relaciones de lobby y gestión de intereses particulares, indicando que "se encuentran excluidas de esa normativa toda declaración, actuación o comunicación hecha por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones".
"Se encuentra en la misma situación la información entregada a una autoridad pública, que la haya solicitado expresamente para efectos de realizar una actividad o adoptar una decisión, dentro del ámbito de su competencia", agrega el escrito, además de precisar que estas entidades también están autorizadas a "remitir y compartir los antecedentes que sean útiles para dar cumplimiento a sus funciones, dentro de sus esferas de atribuciones".
Por tanto, la Contraloría arguye que "en dicho contexto legislativo, es del caso indicar que la citada ley N° 20.730, no resulta aplicable a las reuniones o remisiones de documentos entre servicios públicos, como sucedió en la especie".
Informe era una "muestra" del trabajo de la empresa
Por otro lado, el dictamen señala que el Ministerio del Interior admitió que el informe fue proporcionado a la ANI por la empresa "en calidad de muestra, sin mediar costo", con el objetivo de "mostrar posibles productos a entregar para generar inteligencia".
Según la ley N° 19.974 que creó a la ANI, indica que la información que la entidad recolecta y procesa para crear inteligencia será considerada secreta para todos los efectos legales mientras "obren en poder de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos", al igual que "otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de estas".
"De la normativa expuesta se aprecia que la legislación aplicable a la Agencia Nacional de Inteligencia regula de manera especial las actuaciones de esta y de sus funcionarios en materia de obtención de información de inteligencia, por lo que no resulta aplicable a las reuniones que se lleven a cabo para esos fines lo previsto en la aludida ley N° 20.730", precisa el ente contralor.
Además, tomando en cuenta que la entrega del informe no derivó de un proceso de contratación con Alto Data Analytics, "tampoco resulta aplicable en este caso la regulación contenida en la ley N° 19.886".
