El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, dijo que los tribunales están funcionando de manera relativamente normal y asegurando el cumplimiento del debido proceso en el contexto de la crisis social que atraviesa el país.
Consultado sobre las múltiples denuncias y querellas contra militares y funcionarios policiales por violaciones a los derechos humanos, Cisternas dijo que los tribunales y sus sentencias definirán si hubo o no violencia institucional.
"La decisión o declaración de si ha existido una violación de los derechos humanos es propio de la sentencia del juicio, entonces aquí estamos en las etapas preliminares y el debido proceso se garantiza desde las etapas preliminares y en ese sentido estamos cumpliendo", aseveró el magistrado.
"Desde la partida se garantiza que sea recibida la persona en el tribunal, que se constituyan los jueces cuando es necesario que se hagan los controles de detención. Ya dirá el curso de la investigación si efectivamente se ha producido una infracción grave y si esta puede calificarse de infracción a los derechos humanos o violación a los derechos humanos", manifestó.
Lamberto Cisternas también comentó que el Poder Judicial ve con preocupación la situación del país y consultado sobre las demandas por una nueva Constitución, dijo que para avanzar hacia ese proceso lo principal era tener calma y tranquilidad para dialogar y llegar a un consenso social.
"Acusación constitucional es un mecanismo extremo"
Además, el vocero del máximo tribunal dijo sobre la acusación constitucional que impulsa el FA y el PC en contra del Presidente Piñera que se trata de un mecanismo extremo que debe utilizarse con cautela.
"Una acusación constitucional siempre es algo que tiene que examinarse con mucha prudencia y con la profundidad del caso, porque es un mecanismo establecido en la Constitución, por supuesto su uso está permitido, pero es un mecanismo extremo", expresó Cisternas.
"Es como la prisión preventiva, esta es una acusación constitucional que es llevada a un juicio político, porque tiene un contenido político y naturalmente tiene que utilizarse con mucha cautela", recalcó.
Desde que se decretó el estado de emergencia, los tribunales han registrado más de 7.000 controles de detención y se han declarado ilegales el 8 por ciento de los procesos por no cumplir con todos los requisitos legales.
