Un informe elaborado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos registró al menos 421 vulneraciones a la libertad de expresión entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre pasados.
Se trata de una ampliación de lo presentado por ellos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 11 de noviembre, y habla de agresiones a comunicadores, periodistas, fotógrafos, fotoreporteros y particulares tanto online como offline durante ese periodo.
Obstrucciones en el acceso a la información pública; bloqueo de cuentas en redes sociales; presiones sobre medios de comunicación; cuestionamiento de profesionales y audiencias al tratamiento informativo de los medios de alcance nacional, y amenazas a profesionales y medios de comunicación son algunas de las vulneraciones recabadas por el estudio.
El trabajo suma 138 transgresiones al ejercicio comunicacional, que se traducen en ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas; profesionales apartados de sus funciones; conferencias de prensa sin derecho a preguntas; ausencia de publicación de decretos de toque de queda; filtrado automático y bloqueo de cuentas en redes sociales; seguimientos a comunicadores por parte de servicios de inteligencia, entre otros.
Entre ese total, se registraron 90 casos de lesiones por armamento disuasorio como balines, perdigones o lacrimógenas; un caso de trauma ocular, 21 denuncias de golpizas y hostigamientos; 19 detenciones y dos casos de periodistas obligadas a desnudarse en una comisaría.
Censura en redes sociales
Datos Protegidos también registró cerca de 283 denuncias de baja de cuentas y bloqueo de acciones en redes sociales. La mayor cantidad de incidentes se dieron en Instagram, con un 65,72 por ciento; seguido por Facebook (23,32 por ciento); Twitter (21,2 por ciento) y Youtube (1,7 por ciento).
Gran parte del contenido censurado consiste en registros audiovisuales que pretendían difundir distintas situaciones de vulneración y violación a los derechos humanos durante el estado de emergencia.
Entre las publicaciones bajadas estuvieron las imágenes de la cantante Mon Laferte, quien durante los premios Grammy exhibió un mensaje de denuncia escrito en su torso desnudo.
En ese sentido, la directora de la fundación y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Patricia Peña, explicó que "la evaluación de responsabilidades es compleja, pues observamos la responsabilidad de agentes privados, en este caso las empresas prestadoras de servicios y sus algoritmos, como un factor a incluir en la ecuación final".