La mujer, cegada en 2019 por el impacto de una lacrimógena en su rostro exigió explicaciones por la falta de sanciones administrativas a otros funcionarios vinculados al ataque.
"Lo que nosotros queremos es justicia y aquí no hay apoyo, no hay nada", lamentó.
Fabiola Campillai, quien perdió la visión en ambos ojos tras ser impactada en su rostro por una bomba lacrimógena en su rostro a fines de noviembre de 2019, se reunió este viernes por cerca de una hora con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en la Dirección General de la institución.
Los representantes de la víctima señalaron que su objetivo era dar cuenta de la falta de colaboración efectiva de la policía en la investigación del caso, cuyo único imputado a la fecha es el ex capitán Patricio Maturana.
Desde el Alto Mando de la policía militarizada aseguraron que fue un encuentro franco y sincero, sin embargo, la vecina de San Bernardo reprochó que no hubo ofrecimiento de disculpas por parte de la institución.
"Lo que nosotros queremos es justicia y aquí no hay apoyo, no hay nada. No, él no dijo nada, solamente que empatizaba, nada más; no pidió perdón, no hay un perdón de parte de nadie", lamentó Campillai.
Por otra parte, desde la coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular denunciaron deficiencias del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) impulsado desde noviembre del 2019 por el Ministerio de Salud, y acusaron ausentismo del Instituto Nacional de Derechos Humanos en los procesos judiciales como formalizaciones.
Natalia Aravena, miembro de la colectividad, relató que lucharon mucho tiempo "para conseguir un oftalmólogo, para conseguir un psiquiatra; la verdad es que habíamos logrado que se implementaran hace poco tiempo, y ambos profesionales renunciaron en este momento del programa".
"Otra vez nos quedamos sin oftalmólogo, nos quedamos sin psiquiatras y no podemos estar con una psicóloga del programa, con un psiquiatra externo de otro hospital, porque no hay continuidad en la atención", fustigó.
"Muchos casos de mis compañeros de la coordinadora están siendo llevado por el INDH, pero ellos no se han contactados con nosotros. Tampoco nos han comentado cuál es el avance de las causas, ni nada de esto", cuestion a su vez César Galloso, también integrante de la Coordinadora.
Gloria Moraga, víctima de trauma ocular en la Región del Ñuble, indicó que tiene reunión "cada tres meses con derechos humanos (INDH) y al final no avanza nada".
Sobre los responsables de sus heridas, "hay dos personas indentificadas, pero no hay una acusación formal contra ellos, para saber cuál de los dos me agredió", dijo.
Otra crítica contra el INDH es un cambio de criterio para contabilizar a las víctimas de trauma ocular, con el que hubo una disminución de 460, en marzo del 2020, a 173 casos, según el último balance entregado en mayo pasado.
Al respecto, Rodrigo Bustos, jefe de Unidad de Protección de Derechos del Instituto, explicó que "el INDH tiene una cifra respecto a las personas que han sufrido lesiones oculares producto de la acción de agentes del Estado durante la crisis social, y también una cifra respecto de las personas en relación a las cuales, después de todos los antecedentes, se han presentado querellas".
"Son dos datos distintos que se han entregado en informes diferentes y que cumplen finalidades también distintas", puntualizó.
