El Ejército, la Armada y la FACh se sumaron al Gobierno y rechazaron el informe de Amnistía Internacional por uso de la fuerza contra manifestantes.
El Ejército, la Armada y la FACh emitieron esta declaración conjunta.
Las tres ramas de las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado conjunto rechazando el informe de Amnistía Internacional que apuntó principalmente a Carabineros y al Ejército por efectuar "ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta".
En el texto firmado por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, las entidades castrenses se alinearon con el Gobierno para cuestionar el informe del organismo internacional, desestimando la existencia de una política generalizada para causar daño a civiles y que no se presentaron pruebas para sustentar las acusaciones.
"Rechazar categóricamente las afirmaciones del informe que señalan que habría existido 'una política de ataques generalizados contra manifestantes', ya que no existió, ni existe ninguna política de las FFAA para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. Por ello, la extensa denuncia de Amnistía Internacional no contiene ninguna prueba directa o indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una insinuación de las FFAA en este sentido", indica la declaración.
Las ramas de las FFAA además aseguraron que su actuación en el estado de emergencia fue principalmente para proteger a la población de los delitos que ocurrieron durante los primeros días del estallido social.
"Tampoco es cierto que durante el periodo que rigió el Estado de Excepción Constitucional, las FFAA hubieran actuado con la intención de lesionar a quienes se manifestaban para desincentivar la protesta social. Al contrario, su intención fue la de proteger a la población, los derechos de nuestros compatriotas y la infraestructura crítica de nuestro país, ante los graves delitos con altos grados de violencia que se estaban cometiendo", se extiende el documento.
Además, insistieron que no hubo órdenes para impedir el trabajo de los organismos de derechos humanos y de los tribunales, y que su actuación de dio en el marco de las normas que regulan el uso de la fuerza.
"Finalmente, debemos afirmar que en ningún caso los mandos de las FFAA ordenaron o toleraron la comisión de delitos, ni han obstruido o impedido el actuar de los organismos de derechos humanos, ni de los Tribunales de Justicia", dice el escrito.
"Es deber de las FFAA enfatizar que su política de actuación y las de sus mandos durante el estado de excepción constitucional se ajustaron plenamente a las normas que regulan el uso de la fuerza, en tales casos, siguiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y gradualidad correspondientes al mantenimiento del orden público y las regulaciones que establecen el ejercicio del derecho a la legítima defensa propia y de terceros, particularmente de la población civil, atacada en sus personas y propiedades", recalca la declaración.
