El fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, aseguró este viernes que no hay presos políticos por el estallido social en el país y negó que se le hubiera pedido a personas "autoinculparse" para bajar penas, con lo que desmintió la acusación que realizó al respecto el alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue.
"Hay gente que ha sido absuelta tras un año de prisión preventiva, a algunos se les ha pedido que se autoinculpen y en un año y medio no han sido procesado. Se utiliza la prisión preventiva en nuestro país, en más de 30 casos, para extorsionar para obtener resultados", indicó durante la mañana el jefe comunal.
Ante esto, el persecutor señaló a Cooperativa que "nunca ha existido de parte nuestra, yo puedo hablar respecto a los casos de la Fiscalía Oriente, pero estoy seguro de que lo mismo ocurre en las distintas fiscalías del país, jamás se ha ofrecido algún tipo de rebaja de condena a cambio de autoinculparse, menos sin haber pruebas".
En la misma línea, afirmó que "para que una persona esté privada de libertad es porque hubo antecedentes suficientes como para decretar su privación de libertad, esto no es arbitrario, no lo hace el ministerio Público, sino que se decreta por los tribunales justicia escuchando a los distintos intervinientes y conociendo los distintos antecedentes".
"Creo que el alcalde (Jadue) está mal informado respecto de lo que señala o derechamente le proveyeron de información falsa porque en ningún caso nosotros podríamos hacer eso", puntualizó Guerra, quien añadió que "no es legal" pedir a un detenido autoinculparse.
"No conozco a ningún privado de libertad que lo esté por profesar una idea política"
El fiscal también afirmó que la denominación preso político es "bastante fuerte", ya que -detalló- "no conozco a ninguna de las personas que se encuentre privada de libertad que lo esté por profesar una idea política, aquí lo que hay es legitimar el uso de la violencia como instrumento de acción política y, al menos personalmente, considero que es inaceptable en un Estado de Derecho democrático".
"Las personas que no están en libertad es por haber cometido delitos comunes, las personas que han sido formalizadas son porque han cometido delitos comunes. Ahora, si lo que se quiere hacer en definitiva es legitimar esas acciones, ese es un tema que precisamente tienen que resolver los parlamentarios y yo no entro a calificar cuál es la posición política de cada uno", acotó a Cooperativa.
Pese a eso, el persecutor aseguró que "discrepo absolutamente de que esto tenga una raíz política", sino que se trata de "delincuencia común, pura y dura, disfrazada -a lo mejor- bajo alguna intencionalidad política, pero no existe ninguna persona que esté presa por delitos de conciencia".
Finalmente, dio a conocer que en la Fiscalía Oriente hasta la fecha no hay más de 20 casos de personas que se encuentran privadas de libertad por hechos vinculados al estallido social.
