El general director de Carabineros, Mario Rozas, y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, asistieron este miércoles a la sesión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, tras ser citados por los parlamentarios para que declararan sobre los diversos casos de violaciones a los derechos humanos en el control del orden público durante el estallido social.
Tras la sesión, en los pasillos del Congreso, Rozas aseguró que todavía no saben quienes fueron los autores directos de los disparos en contra de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, que en noviembre pasado quedaron ciegos por la acción de Carabineros.
Además, el general sostuvo que los implicados siguen trabajando en la institución.
"Frente a esos casos, que son muy emblemáticos, se han entregado y (los antecedentes) están en poder del Ministerio Público. Cada vez que el Ministerio Público nos ha solicitado, en forma muy rápida hemos entregado toda la información", planteó Rozas.
"Lamentablemente hay algunas situaciones de la cual desconocemos lugares, horarios, situaciones, pero no obstante eso, hemos entregado todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público para que se inicie la investigación penal", añadió.
Consultado sobre la situación en la que se encuentran los posibles responsables, Rozas dijo que "están trabajando (en la institución), porque todavía no hay ninguna acusación, ninguna formalización, por lo tanto seguimos aportando y seguimos cooperando con el Ministerio Público".
Blumel: Fiscalía tiene que determinar exactamente quién fue
A su vez, el ministro Blumel dijo que no es posible tomar medidas si no se sabe quienes son los responsables en ambos casos.
"Sabemos es que son un grupo de funcionarios en cada caso, ocho o 10 en un caso, alrededor de seis en el otro, y esos antecedentes los tiene la Fiscalía, está realizando una indagatoria y tiene que determinar exactamente quién fue, porque las responsabilidades son personales y es la justicia quien las determina", comentó el secretario de Estado.
También asistió a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara el director del INDH, Sergio Micco, quien ante Rozas, Blumel y los parlamentarios, advirtió que Carabineros tiene que responder también por Cristián Valdebenito, fallecido en las manifestaciones del viernes pasado en Santiago.
Dijo que el INDH tiene la convicción que murió por una bomba lacrimógena y confirmó que se prepara una querella contra quienes resulten responsables.
"Nosotros hemos llegado, como institución, a la convicción de que hay 271 personas que, de alguna u otra medida, han recibido heridas graves de bombas lacrimógenas. El último caso es de Cristian Valdebenito", dijo Micco.
Asimismo, este jueves, a las 08:30 horas, tanto Rozas como Blumel están citados esta vez a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara para explicar el actuar policial en las últimas jornadas de manifestaciones.
"Han sido dentro del ámbito legal y reglamentario"
A la salida de la instancia en el Congreso, Rozas se refirió a la agresión que sufrió Patricio Bao, el hombre de 69 años que recibió una golpiza por parte de Carabineros luego que pateara a un funcionario, en el marco de la marcha del 8M el pasado domingo.
"En este caso se produce una agresión, por lo tanto, frente a esa agresión se realiza la detención. Ese fue un acto legal, ahora ilegítimamente fue agredido esta persona", dijo Rozas.
"Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, hubo una acción legal y también hubo una acción ilegítima que fue el aparente uso excesivo de la fuerza", añadió el general director.
A raíz de las duras críticas que recibió la institución, Carabineros se defendió mostrando un video en el que el hombre le da una "patada voladora" al funcionario. Otro video, en tanto, muestra que al detener a la persona, y luego de estar reducido, fue golpeado en el rostro mientras algunas mujeres intentan defenderlo.
Desde La Moneda, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reconoció que "hubo un uso excesivo de la fuerza" en la detención del hombre, por lo que se realizará una investigación interna y que los funcionarios policiales "están sujetos a un proceso administrativo", a la vez que se envió el caso a la Fiscalía.
La Intendencia Metropolitana se querelló por desórdenes públicos contra Patricio Bao.
