El Gobierno está trabajando en un proyecto de ley que espera presentar durante los próximos días al Congreso, y que busca aumentar las penas para quienes participen en saqueos y les garantice penas efectivas de cárcel.
Según informó El Mercurio, las condenas que hoy arriesgan los saqueadores se ligan, fundamentalmente, al delito de robo en lugar no habitado, que van de 541 días a cinco años (presidio menor en sus grados medio a máximo), y que no siempre se traducen en presidio efectivo.
La intención del Ejecutivo es elevar este piso de la pena desde los tres años y un día a cinco años (presidio menor en su grado máximo), y una de las opciones que se baraja es introducir un agravante cuando el saqueo se produce en un contexto, por ejemplo, de "calamidad pública".
El texto está siendo trabajado en el Ministerio del Interior y, de acuerdo al matutino "lo más probable es que en los próximos días sea enviado al Congreso". De momento, "Sebastián Piñera ya tiene en su escritorio el borrador de la iniciativa, restando sólo su revisión para proceder a su firma y posterior despacho al Parlamento".
Parlamentarios apoyan, la idea pero con recomendaciones
Legisladores de oposición consultados por el diario mostraron buena disposición frente a la iniciativa, pero plantearon la necesidad de otras mejoras, paralelas, para que ésta fuera eficiente y efectiva.
"Me parece bien, pero el problema que tenemos, en general, no es de penalidad, sino de que es un problema de prueba", comentó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Felipe Harboe (PPD).
Dado esto, "yo le recomendaría al Gobierno que, junto con mandar un proyecto de ley para aumentar la pena por este delito, también mejore la formación policial y los protocolos, para que cuando se detiene una persona por ese delito, acompañe los medios de prueba ante los fiscales para poder condenarlo", señaló Harboe.
El ex subsecretario del Interior apuntó, sin embargo, que "la norma sobre estado de emergencia contempla sanciones más altas" para los delitos cometidos durante éste. "No obstante, los saqueos que se producen sin estado de emergencia, probablemente puedan ser sancionados con mayor rigurosidad mediante esta propuesta".
También dijo estar abierto a discutir el proyecto el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker (DC): "Vamos a discutirlo con mucho gusto en su mérito, (...) pero también debe venir acompañado con mejorar la institucionalidad en materia de Inteligencia para poder prevenir desórdenes públicos, atentados contra el comercio, robos y saqueos; además de mejorar los medios de prueba y la investigación policial".
En una línea similar, el diputado Leonardo Soto (PS) señaló que "el problema de la proliferación de saqueos es resultado directo de la incapacidad de las policías para proteger lugares con riesgo y para perseguir a los delincuentes que participan de ellos".
Según cifras entregadas el martes por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, 487 supermercados y centros comerciales han sido vandalizados en el contexto de los desórdenes públicos de las últimas semanas.
