El Gobierno rechazó el proyecto de ley presentado ayer miércoles por senadores de oposición que busca conceder indultos a todas las personas detenidas durante la ola de protestas iniciada en octubre del año pasado, con excepción de aquellas acusadas por delito terrorista.
Firmado por Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (País Progresista), el documento busca eximir de responsabilidad penal y remitir la pena de quienes hayan sido apresados desde el 7 de octubre de 2019 hasta la fecha de su presentación, en el marco de protestas, concentraciones y manifestaciones.
"En Chile no existen presos políticos, lo que existe son personas que están presas porque hay tribunales de justicia independientes y una fiscalía que hizo un trabajo", dijo este jueves el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, en una rueda de prensa en Talca, Región del Maule.
Según el portavoz de La Moneda, la iniciativa parlamentaria "presenta impunidad frente a los hechos de violencia graves que han sucedido y nos parece que no va en la línea de lo que la ciudadanía quiere y viene a justificar la violencia".
"Esta idea de justificar que si alguien comete delitos o si tiene ese pasado de violencia intrafamiliar, o intenta quemar con una bomba molotov a un Carabinero, intenta saquear, intenta destruir espacio público, es algo que me parece que es totalmente inadecuado", señaló el titular de la Segegob.
Además, agregó: "La protesta social también es buena para la salud de la democracia, pero es muy distinta cuando se empiezan a cometer delitos".
DELGADO: "NO HAY RAZÓN PARA QUE SEAN HOMOLOGABLES CON UNA CATEGORÍA DE PRESO POLÍTICO"
En la misma línea, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó desde Antofagasta -donde encabezó una reunión de la macrozona norte- que "la opinión del Gobierno es una sola: las personas que están privadas de libertad al día de hoy son personas que no están privadas de libertad por decir lo que piensan, por pertenecer a algún partido político determinado o por alguna ideología determinada. Esas personas están privadas de libertad por haber cometido delitos".
"Si hay personas o autoridades que piensan de que hay que cambiar la categoría de estas personas, por ejemplo, el que se denominen presos políticos, a mí no me parece, porque técnicamente no hay presos políticos en Chile; estamos en presencia de personas que cometieron delitos", subrayó el jefe de gabinete.
"Aquí estamos hablando de personas que lanzaron molotov, personas que atentan contra la propiedad pública o privada de manera grave. No hay ninguna razón para pensar que esas personas sean homologables con una categoría de preso político, en donde una persona, como ocurre en varios países, es detenida por decir lo que piensa", añadió.
LATORRE EMPLAZA AL GOBIERNO A VER "SALIDA POLÍTICA"
El senador Latorre, uno de los impulsores de la iniciativa, emplazó al Gobierno a que "más bien que se preocupe de buscar una salida política a los presos de la revuelta, y que analice los casos".
En "muchos de ellos -aseguró- se ha abusado de la prisión preventiva como castigo político, no hay un debido proceso".
Si bien el proyecto de ley reconoce que los actos por los cuales se ha detenido a un gran número de personas son punibles en la legislación, "se ha vivido un proceso distorsionado" en estos casos debido a "una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales".
La moción señala "abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de la normalidad".
El proyecto, además, resalta las reiteradas denuncias de parte de organismos internacionales y nacionales que dan cuenta de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros.
Según datos del Ministerio Público, la Fiscalía ha formalizado a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos en las protestas desde el 18 de octubre del año pasado, 648 de los cuales se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenados.
