El Instituto Nacional de Derechos Humanos salió a criticar a los responsables de la toma de su sede central por dar al órgano 24 horas para retirar sus archivos desde el inmueble, puesto que continuarán ocupándolo de manera "permanente".
"La sede central del INDH alberga documentos sensibles para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Frente a cualquier daño de ese material, quienes permanecen en la toma deberán asumir su responsabilidad", advirtió la institución en Twitter, al tiempo que hizo un llamado al diálogo, recordando la propuesta hecha a las organizaciones el 6 de agosto pasado para "constituir una mesa de trabajo" cuando abandonen las instalaciones.
En su último comunicado, y en medio de rumores de un eventual desalojo, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios -que ha estado presente en los cinco meses de toma- aseguró que "(Sergio) Micco envió a cuatro representantes sin previo aviso para amenazarnos directamente, diciendo que el desalojo no depende de ellos, y que si tocamos los archivos habrá consecuencias legales, cuando durante cinco meses no les ha importado que esos documentos estén en la toma".
A su vez, estimaron que la referida propuesta de agosto no da soluciones al petitorio entregado hace tres meses, "y sólo propone una mesa sin carácter resolutivo y partiendo de la negación a nuestras demandas", lo que -según ellos- volvieron a plantear "ante las diversas críticas que han surgido".
Dado que el plazo para el retiro de los archivos terminó este miércoles a las 13:30 horas, la ACES, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos y la Coordinadora de Víctimas de Perdigones -que son los grupos que ocupan el inmueble- iniciaron "gestiones con organizaciones de Derechos Humanos para el traspaso de los archivos, ya que no seremos como el INDH que ignora a aquellos que acuden por ayuda a esta institución".
RENUNCIA DE ALTO FUNCIONARIO Y DESPIDOS DE CASI 50 EMPLEADOS
En paralelo, Rodrigo Bustos decidió abandonar la jefatura de la Unidad de Protección de Derechos, señalando en una carta que "la serie de decisiones que se han tomado en la institución me han hecho llegar a la convicción de que, lamentablemente, el INDH ya no es un espacio en el que puedo seguir colaborando".
"Espero que el INDH (...) tenga una voz más firme y clara para condenar las violaciones a los DDHH y hacer ver la falta de reparaciones integrales a sus víctimas", enfatizó el abogado, en alusión a los casos del estallido social.
A su vez, El Mercurio publicó que el INDH no renovó los contratos a plazo fijo de casi 50 profesionales, entre abogados, psicólogos y asistentes sociales, pertenecientes al Programa Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición para las víctimas de abusos post 18 de octubre.
En concreto, si bien el organismo aumentó el presupuesto del plan, que consistirá de 1.874 millones de pesos en 2022, optó por abrir concursos públicos para consolidar un nuevo equipo, en lugar de mantener al anterior.
"Dicho monto podría cubrir la implementación de la unidad que quieren crear y mantener a los equipos de acompañamiento -abogados, psicólogos, asistentes sociales-, por tanto, no se entiende la decisión de realizar estos cambios y desvinculaciones", señaló en un comunicado la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del INDH.
