En total, se han presentado 18 querellas por violencia sexual de agentes del Estado.
Hay 94 denuncias por tortura.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó este lunes que se alcanzó un total de 120 acciones legales presentadas ante la Justicia por las presuntas violaciones a los derechos humanos registradas en Chile desde el viernes 17 octubre, cuando se iniciaron las protestas en el país.
Según el desglose del organismo, 106 de las acciones corresponden a querellas de distinto tipo: cinco son por homicidio cometidos por agentes del Estado y 94 son por tortura, de las cuales 18 tienen una con connotación sexual. "Esa es la gravedad de la situación", advirtió Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH.
⭕ [Última actualización] Cifras recopiladas directamente por el INDH en observaciones a manifestaciones, comisarías y hospitales desde el 17 de octubre hasta hoy a las 21:30 horas. pic.twitter.com/yEazaXEMhV
— INDH Chile (@inddhh) October 29, 2019
Bustos enfatizó que "aquí ha habido graves violaciones de derechos humanos". Hasta las 21.30 horas del lunes, el INDH constató 3.535 personas detenidas desde el 17 de octubre.
La mayoría de los detenidos son hombres adultos (2.441), además de 593 mujeres y 375 menores, aunque hubo casos que no pudieron ser constatados el sexo y edad de los apresados, según señaló el INDH.
En cuanto a los heridos, el organismo de derechos humanos contabiliza 1.132 personas víctimas no mortales desde el jueves 17.
En un año normal -como 2018-, el INDH presentó 80 querellas por tortura. Sólo en estos últimos 10 días, el INDH ha presentado 94 querellas por tortura.
La observación del INDH se ha llevado a cabo a través de la constatación directa que hacen sus funcionarios en centros de salud, comisarías, y manifestaciones.
El INDH publicó el catastro de acciones judiciales tras una reunión con un equipo especial de crisis de Amnistía Internacional, que está en el país para esclarecer casos de vulneraciones a los derechos fundamentales.
El sábado, el INDH ofició al Servicio Médico Legal (SML) y al Ministerio Público para aclarar las cifras de personas fallecidas desde que se aplicó el estado de excepción constitucional en el país.
