La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, desestimó el proyecto de ley que busca otorgar un indulto a los llamados "presos de la revuelta", remarcando que sus respectivos procesos deben cerrarse antes de adoptar medidas, como son los recursos de nulidad.
"Debo entender que estas personas están condenadas (sic) por delitos comunes, por los cuales habrían sido formalizados, por lo tanto, la eventual teoría del caso de la Defensoría, en el sentido de que se trataría de delitos políticos, no comunes, no habría prosperado", expuso.
Considerando aquello, Chevesich sostuvo que "todo tiene que ser resuelto en una sentencia previo juicio oral público, sentencia que pueda ser impugnada por el Ministerio Público o por la Defensoría mediante el respectivo recurso de nulidad, que según sea la causal, lo conoce la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema".
En cuanto a la declaración del juez Daniel Urrutia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, donde aseguró que el Poder Judicial es "cómplice pasivo" de los vejámenes denunciados durante la crisis social, la ministra transparentó que no comparte esos dichos, apuntando que "un juez es un juez en la medida que se comporta como un juez".
INDH CRITICA FALTA DE CELERIDAD
Según datos cruzados de Gendarmería y la Fiscalía, son 53 las personas privadas de libertad desde el estallido social en el país, de las cuales 46 cumplen prisión preventiva, y siete están bajo otras medidas cautelares.
Al respecto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, cuestionó en Cooperativa que "el 18 de febrero del 2020 dijimos que había que entregar la cifra, y es una vergüenza que hasta el día de hoy no la sepamos con claridad".
Asimismo, "en abril del 2020 reiteramos nuestra opinión en contra del abuso de las prisiones preventivas, y esa opinión se envió a todas las Cortes de Apelaciones del país, y en marzo o abril del 2020 dijimos en la Comisión de Derechos Humanos que había que revisar la Ley de Seguridad Interior del Estado".
Micco aseguró que a la fecha "no se ha hecho nada en estos tres puntos, justamente muy poco y tardíamente, y hay una herida abierta".
Organizaciones gremiales critican avance de la tramitación
Sobre el tema también se pronunciaron 104 organizaciones gremiales, agrupadas en la Multgremial Nacional, que declararon que "con preocupación vemos avanzar el proyecto de ley para indultar a detenidos del denominado 'estallido social'".
"Como gremios y parte de la sociedad civil nos oponemos abiertamente a esta iniciativa que pretende dar impunidad a quienes dejaron a 15 mil micro y pequeñas empresas destruidas, dejando como saldo miles de desempleados y temor en las calles", afirma una carta dirigida al Senado.
En la misiva, piden a los senadores "no confundir marchas ciudadanas pacíficas con actos delictivos graves, perpetrados por un grupo minoritario de personas violentas. No existe argumento para avalar la destrucción del patrimonio e infraestructura pública, y menos para justificar la violencia contra ciudadanos inocentes".
