Una investigación realizada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), perteneciente a la OEA, reveló una serie de deficiencias en el sistema judicial chileno respecto a las investigaciones y el rol de Carabineros en las mismas durante el estallido social del 18 de octubre del 2019.
El informe "Evaluación del sistema de justicia de Chile ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de protesta social" determinó que existen factores determinantes para que la Fiscalía inicie investigaciones como la "presión mediática o a través de redes sociales por parte de la ciudadanía", según consignó El Mercurio.
Además, se detectó el "incumplimiento generalizado" de los principios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad en las "investigaciones de graves violaciones de derechos humanos".
El organismo indicó que actualmente sólo 178 de las 8.827 investigaciones han sido iniciadas por la Fiscalía, lo que responde a una "inobservancia de la obligación de iniciar la investigación de manera inmediata" y que tampoco existen plazos razonables para las estas, ya que "tras 14 meses, solo existen imputados formalizados en menos del 1 por ciento de las causas".
La CEJA, que realizó el estudio con el apoyo de la Universidad de Chile y la Fundación para el Debido Proceso, detalló que existe un "débil rol" del Ministerio Público respecto a la recolección de evidencia.
DENUNCIAS CONTRA CARABINEROS
Respecto a Carabineros, el organismo señaló que "hasta el momento la acción penal se ha dirigido casi exclusivamente hacia los autores materiales, principalmente escalafones inferiores" de la policía uniformada y apuntó que "uno de los elementos más críticos en el funcionamiento del sistema de justicia penal es el rol que ha tenido Carabineros de Chile, organismo al cual pertenece una gran mayoría de los agentes investigados por violaciones graves de derechos humanos (92,8 por ciento del total de denuncias registradas por la Fiscalía)".
"Se han identificado demoras en la entrega de información solicitada por la Fiscalía, obstrucciones a las investigaciones, uso indebido de procedimientos disciplinarios con fines dilatorios o amedrentamiento de testigos, algo que atenta contra la efectividad de las investigaciones que dirige el Ministerio Público", destacaron.
