El Primer Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago dictó este miércoles veredicto condenatorio contra Daniel Bustos Trabol, acusado de haber sido quien inició el incendio que afectó a la estación San Pablo del Metro, hecho que ocurrió el 19 de octubre del 2019, en los albores del estallido social.
El sujeto, de 24 años y con domicilio en Lo Prado, permanece en prisión preventiva en Santiago Uno desde enero del 2020. Y tras ser declarado culpable hoy por el delito de incendio, luego de dos semanas de juicio, queda ahora a la espera de la lectura de sentencia, que fue agendada para el próximo sábado 9 de abril: la Fiscalía Metropolitana Centro Norte pide 12 años de cárcel, considerando la atenuante de su irreprochable conducta anterior.
Según relató el persecutor, los hechos ocurrieron el mencionado día, alrededor de las 18:00 horas, cuando Bustos Trabol, "en compañía de otros sujetos, lanzó un objeto portador de fuego, que contenía sustancia inflamable y previamente encendido por el imputado, a la estación San Pablo".
El artefacto incendiario alcanzó "específicamente a un recinto ubicado al costado oriente, por calle Neptuno Oriente, antes de la esquina con Reina Maud, en particular al costado de puerta de ingreso y frente a letrero de Metro, lugar en que se encontraban reunidos materiales de protección de estación".
El objeto encendió ese lugar y "luego de lo cual se propagó al resto de la estación, generando un incendio estructural", sostuvo la acusación de la Fiscalía.
El siniestro provocó daños avaluados en 20 mil millones de pesos. La estructura del transporte subterráneo capitalino "quedó inutilizada para su uso", además de la "pérdida total de un tren de pasajeros que fue alcanzado por el fuego".
La estación de la Línea 1, y que combina con la Línea 5, fue cerrada tras el incendio, y su reapertura se realizó recién el 24 de julio del 2020.
"Pocas veces se puede encontrar un delito que ha causado tanto daño a tantas personas durante tanto tiempo", remarcó el fiscal José Morales, que estuvo a cargo de la investigación, durante la audiencia de lectura de veredicto de hoy.
Además, de los 12 años de presidio mayor en su grado medio, la Fiscalía solicita las penas accesorias de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, derechos políticos, e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa.
En la causa también son querellantes Metro de Santiago y el Ministerio del Interior, que alega la agravante de que el delito fue cometido "con ocasión de conmoción popular".
Y si bien Interior había pedido inicialmente 15 años de cárcel, ante el tribunal la abogada representante de la cartera, Violeta Arriagada, afirmó que "nos vamos a adherir totalmente a lo señalado por el Ministerio Público, a la pena de 12 años de presidio, tomando en consideración la extensión del mal causado: se trata de una estación de Metro, lo que afectó a población, y gran parte de ella trabajadores que utilizan la estación de Metro de tres comunas que convergen".
