El relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, descartó que los detenidos por el estallido social de octubre de 2019 sean "presos políticos".
A poco más de cuatro meses de ser difundido el informe que elaboró el organismo sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante la ola de protestas, el comisionado visitó Santiago para establecer con el Gobierno de Gabriel Boric un plan de seguimiento a las recomendaciones que se hicieron en el texto, incluida la reparación integral a todas las víctimas.
En una entrevista publicada este viernes por el diario español El País, Hernández afirmó que "la situación es que hay un grupo de personas que resultaron afectadas por el estallido social. Cerca de 400 personas fueron afectadas, la mayoría con lesiones oculares, que aún están en procesos de recuperación".
"Es uno de los temas donde se ve que las secuelas del estallido social siguen abiertas. Hay otros que aborda el informe relacionados a la agenda de derechos económicos, sociales y culturales, que son los que dieron origen al estallido y el posterior acuerdo político para la convocatoria de una convención constitucional", indicó.
Consultado por la postura de la CIDH respecto del debate sobre si existen presos políticos del estallido, Hernández sostuvo que "la palabra presos políticos tiene una connotación específica: son personas que se encuentran detenidas en razón de sus opiniones políticas, religiosas y a las que se coarta su libertad en razón de ese posicionamiento personal. Aquí lo que observamos es que son personas detenidas que siguen procesos en razón de otras causas que se dieron en el marco del estallido, pero no hemos detectado que haya personas detenidas por el mero hecho de participar en la protesta. Eso sí sería contrario a todo estándar".
"La CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social", agregó.
Sobre el debate en torno al proyecto de ley que busca indultar a presos de las revueltas, Hernández enfatizó que "esa es una potestad del Estado, la de hacer valer leyes que permitan la liberación anticipada de las personas privadas de libertad". No obstante, recomendó "avanzar a una política que reduzca el número de personas en prisión y que sea limitada estrictamente a los umbrales que se justifican".
