El Gobierno oficializó la decisión del Mandatario de otorgar la gracia a 12 condenados por hechos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, preso por el asalto a un banco.
El Gobierno oficializó este viernes la decisión del Presidente Gabriel Boric de indultar a 13 presos, 12 de ellos condenados por hechos de violencia vinculados al estallido social y quienes -según los fundamentos- "hoy requieren la reinserción social", y el exfrentista Jorge Mateluna, quien purgaba una pena de cárcel por el asalto a un banco -delito que él ha sostenido que no cometió-.
Jorge Mauricio Mateluna Rojas (48 años). Es el único indultado por el Presidente Boric que no participó en el estallido social. Fue miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y estaba condenado a 16 años de cárcel como uno de los autores del asalto perpetrado a un banco Santander en 2013, en la comuna de Pudahuel, aunque siempre negó su participación en este delito. En 2004 había sido indultado por el expresidente Ricardo Lagos tras recibir a mediados de los 90 una condena cadena perpetua por formación y pertenencia a grupos armados de combate.
Cristián Marcelo Cayupan Queupil (30 años) fue sentenciado a 15 años de cárcel por el homicidio frustrado a una detective en Pudahuel en 2019. Su defensa basó la petición de indulto en el argumento de que las mayores lesiones que sufrió la víctima fueron fruto de la acción de otro funcionario policial, situación que ella misma ha reconocido.
Jordano Jesús Santander Riquelme (38 años) fue condenado en 2021 a 7 años y cuatro meses de cárcel por el delito de homicidio frustrado contra un funcionario de la PDI en San Antonio, por el delito consumado de receptación y por impedir el libre ejercicio de la autoridad, hechos perpetrados en marzo de 2020. La defensa expone un progresivo deterioro de su salud mental.
Felipe Eduardo Santana Torres (22 años) cumple una condena a 7 años de presidio por los delitos de hurto, daños a mobiliario público e incendio frustrado en lugar habitado en 2019 en las inmediaciones de la catedral de Puerto Montt, Región de Los Lagos.
Matías Rojas Marambio (21 años), condenado a 5 años de cárcel por el lanzamiento de un artefacto incendiario en 2019 en las inmediaciones de Plaza Baquedano. Fue uno de los imputados absueltos en el marco de la investigación por el delito de incendio del Hotel Principado de Asturias.
Alejandro Samuel Carvajal (22 años), sentenciado a 5 años y un día de prisión por el incendio que afectó en 2019 a la sede de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV) en Providencia, cerca de la Plaza Baquedano.
Francisco Andrés Hernández Riquelme (23 años) cumplía una condena a 5 años de cárcel por el lanzamiento de un artefacto incendiario en la vía pública en diciembre de 2019, en las inmediaciones de Plaza Baquedano.
Claudio Romero Domínguez (21 años) fue condenado a la pena de 5 años y un día de cárcel efectiva por cinco delitos de porte y lanzamiento de bombas incendiarias y 61 días de presidio por asociación ilícita. Todos hechos ocurridos desde octubre de 2019.
Brandon Sebastián Rojas Cornejo (22 años), condenado a 5 años y un día de presidio por varios delitos vinculados a lanzamientos de bombas molotov, 61 días por la asociación ilícita y dos penas más de 61 días por desórdenes públicos, delitos cometidos desde octubre de 2019.
Juan Bastián Olguín Rivera (31 años) estaba condenado a 3 años y un día de prisión como autor del delito de incendio y a 71 días de presidio como autor del delito de receptación. El Ministerio Público estableció que la noche del 21 de octubre de 2019, concurrió junto a otras cinco personas a la caseta de peaje ubicada en la Ruta 5 Sur kilómetro 191, a la que lanzaron diversos elementos contundentes hacia la caseta para destrozarla y finalmente la quemaron.
Bastián Ignacio Campos Gaete (22 años) recibió una pena efectiva de 3 años y un día y 61 días de presidio, en calidad de autor del delito consumado de porte de artefacto explosivo o incendiario y robo frustrado en lugar no habitado. El tribunal de Antofagasta acreditó que la noche del 26 de noviembre de 2019 sustrajo tres botellas de pisco desde un supermercado Santa Isabel de la ciudad mientras portaba una bomba incendiaria.
Luis Arturo Castillo Opazo (37 años) fue condenado a 4 años de presidio menor en su grado máximo por los delitos de desórdenes y robo en lugar no habitado en noviembre de 2019. Mantuvo una huelga de hambre durante su estadía en la cárcel como medida de presión para obtener la libertad.
Sebastián Emmanuel Montenegro Coo (25 años) fue sentenciado a la pena efectiva de 3 años y un día de presidio, por el delito consumado de tenencia, posesión o porte ilegal de partes o piezas de armas de fuego y cartuchos o municiones en marzo de 2020. Efectivos de Antofagasta lo detectaron lanzando piedras al personal que intentaba dispersar a los manifestantes en calle Maipú.
