El Ministerio de Defensa, encabezado por Alberto Espina, refutó el informe anual de Amnistía Internacional (AI), en el que la organización sostuvo que las fuerzas de orden "intentaron justificar su uso de la violencia contra manifestantes" alegando que "eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada".
En su informe, la ONG reiteró que Chile cerró 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Amnistía Internacional insiste en afirmar que el Ejército hirió deliberadamente a personas con la intención de desalentar las manifestaciones (...) nuevamente hace una afirmación absolutamente falsa, que constituye una imputación inaceptable y que carece de fundamentos que la justifiquen", reaccionó la cartera a través de un comunicado.
En el texto, Defensa insistió que "durante los nueve días que duró el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas actuaron, por mandato del Presidente de la República, con la única finalidad de restablecer el orden público para proteger a los chilenos y la infraestructura crítica, ante la amenaza que representaba la ola de ataques y el vandalismo que afectaron gravemente a nuestro país".
"Su actuación se ajustó a las normas que regulan el uso de la fuerza, siguiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y gradualidad correspondientes, así como el ejercicio del derecho a la legítima defensa y de terceros", defendió.
Además, desde el Ministerio de Defensa aseguraron que "las Fuerzas Armadas son un factor de unidad de los chilenos y afirmaciones injuriosas como ésta representan una injusticia que además causa daño a las confianzas necesarias para nuestra convivencia democrática".
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó esta semana que ha presentado 71 querellas por presuntas violaciones a los DDHH cometidas por efectivos de las FF.AA. durante el estado de emergencia que rigió en gran parte del país en octubre pasado, tras el estallido social del 18 de octubre.
Sobre esto último, la cartera sostuvo que "en aquellos casos en que se atribuyen situaciones al margen de la ley, son los tribunales civiles los que están investigando con la plena colaboración de las instituciones involucradas y son estos tribunales los llamados a establecer responsabilidades y sanciones".
