Los diputados Gabriel Boric, Gonzalo Winter, Gael Yeomans y Diego Ibáñez, de Convergencia Social (Frente Amplio), presentaron un proyecto de resolución que propone indultar a quienes han cometido actos vandálicos desde el 18 de octubre de 2019.
Este "induto para presos de la revuelta social es un mínimo democrático que debemos exigirle a un Gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos", dice la colectividad, que también afirma que "los verdaderos criminales durante el estallido social estuvieron en Carabineros y las Fuerzas Armadas, no en un pueblo que se movilizó por más justicia y dignidad".
En concreto, el proyecto de resolución plantea "la conformación de una comisión que trabaje un indulto general para condenados por delitos durante el estallido", "la orden del Presidente al Ministerio del Interior de desistir en las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado" y "la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva, solicitando su reemplazo por una menos gravosa".
El diputado Diego Ibáñez afirmó que la Ley de Seguridad Interior y la prisión preventiva son herramientas legales que están siendo "usadas políticamente como castigo".
"Señales equivocadas", dice el Gobierno
En declaraciones a El Mercurio, la idea fue criticada por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli: "Los hechos de violencia ocurridos con posterioridad al 18 de octubre son graves y condenables. Nuestra legislación penal establece una sanción y lo que corresponde es que se investigue y, si se determina responsabilidad, que sean sancionados conforme a la ley".
"Establecer indultos que parecieran dar la señal de que esas conductas son perdonables o deberían no ser sancionadas, creo que son señales equivocadas y parecen validar la violencia que vivimos en esa época", añadió el subsecretario, que vinculó también la propuesta con lo ocurrido el domingo en las urnas.
"El Plebiscito consolidó una vía democrática, lo contrario era la violencia. Esa serial se tiene que afianzar, y esto va en el sentido contrario. No sólo es grave que ahora propongan que quienes participaron en graves hechos de violencia queden libres de sanción penal, sino además es inoportuno", señaló Galli, que negó uso político de las prisiones preventivas: "Eso no nos corresponde, son resoluciones judiciales".
"Existe la independencia del Poder Judicial. Acusar al Poder Judicial o al Ministerio Público (de un uso político), me parece equivocado", sentenció.
Rechazo en la derecha
La iniciativa no fue bien recibida en los partidos de la derecha: "Es una mala idea. Los formalizados o en prisión preventiva no lo están por protestar pacíficamente, sino por saquear, lanzar bombas molotov e incendiar, conductas que son delitos", dijo a El Mercurio el diputado RN Gonzalo Fuenzalida, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.
Igual opinó su colega Jorge Alessandri (UDI): "Por supuesto que estoy en contra, perdonazos sin nada a cambio es apresurado", dijo.
El presidente juvenil de RN, Javier Molina, sostuvo que "me parece que proponer liberar a delincuentes es irresponsable y tirado de las mechas. Nuestra prioridad debe ser avanzar en las causas sociales y los chilenos esperan que pongamos el pie en el acelerador en las materias que les afectan en el día a día, por ejemplo en mejorar las pensiones y la salud, en ningún caso dejar impunes a quienes deslegitiman la manifestación pacifica y provocan miedo en la población".
