Este martes fueron reformalizados los tres imputados por prender barricadas en la vía férrea de Pedro Aguirre Cerda, en el marco de las manifestaciones del 20 de octubre pasado.
Esteban Bustos, Gilberto Mendoza y Rubén Rivas están acusados de obstaculizar la circulación ferroviaria y en la audiencia de esta jornada se pidió que sean juzgados bajo la Ley de Seguridad del Estado, con penas que van desde los 3 años y un día a 10 años de presidio.
El fiscal Álex Meza pidió aumentar el plazo de investigación del caso en 60 días, aunque solamente se le otorgaron 40 días.
"No hay que olvidar que ellos fueron sorprendidos en situación de flagrancia en los momentos en que se encontraban en barricadas, prendiendo fuego, poniendo obstáculos en la vía férrea. Se pone en riesgo a miles de personas que utilizan la vía férrea en nuestro país", destacó el persecutor.
Lorenzo Morales, abogado defensor, acusó que no existen pruebas para invocar la Ley de Seguridad del Estado, ni para mantenerlos 50 días en prisión preventiva.
Morales también asegura que un informe de Labocar no vincula a los imputados con el hecho y que la situación obedece a una persecución politica por su participación en el Movimiento Juvenil Lautaro.
El 21 de enero se realizará una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares de los tres imputados.