Este jueves concluyeron los alegatos que se extendieron por tres días en el Tribunal Ambiental de Antofagasta, en el marco de la controversia por la instalación del proyecto minero y portuario Dominga en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.
Se trata de un proyecto que fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo y el Comité de Ministros en 2017, pero que luego de varios recursos llevaron a la Corte Suprema a devolver el caso al Tribunal Ambiental, instancia en la que se encuentra ahora.
En esta tercera jornada participaron representantes de terceros independientes, también se desarrolló una rueda de preguntas donde los magistrados aclararon algunas de las dudas.
Durante los alegatos se solicitaron varios puntos, entre estos una audiencia de expertos que puedan evidenciar científica y técnicamente el impacto que podría provocar el proyecto en La Higuera.
Los tres ministros a cargo del caso –Frabricio Queirolo, Jasna Pavlich y Juan Opazo- también analizarán algunos cambios en el proyecto, como la idea de utilizar un solo puerto –y no dos- para sacar el mineral, como lo ofreció Andes Iron, la empresa del proyecto.
También tendrán que estudiar las 40 mil fojas del caso y Queirolo se refirió a lo que viene en el proceso, no descartando visitar la zona, que fue una de las solicitudes.
"En vista de la extensión del proceso, la causa va a quedar en estudio y luego determinaremos de conversar si daremos alguna medida para mejor resolver, si no es necesaria, pero en este momento la causa queda en estudio dada la complejidad y la extensión del proyecto", comentó el magistrado.
"Todos hemos visto que es un proyecto complejo, muchas aristas desde el punto de vista ambiental. Una de las medidas que tiene este tribunal es declarar una medida para mejor resolver y asistir al lugar", agregó Queirolo.
Andes Iron conforme con el proceso
En tanto, el abogado de Andes Iron, Patricio Leyton, se mostró conforme por los alegatos y manifestó confianza en el trabajo del Tribunal Ambiental.
"Hemos podido por fin discutir los argumentos de fondo que existen sobre la evaluación ambiental de este proyecto, esperamos poder concurrir a la región para ver en terreno lo que estamos discutiendo", dijo el jurista.
"Tenemos el apoyo de la comunidad, tenemos la concesión marítima, tenemos todos los elementos para desarrollar el proyecto y lo que tenemos que resolver es la institucionalidad ambiental, si efectivamente contamos con la información suficiente para hacer una evaluación de impacto ambiental de la actividad de navegación", añadió.
La comunidad de La Higuera está dividida en torno a este proyecto, por los posibles perjuicios que podría provocar al medio ambiente y a diversos sectores, como la pesca, aunque por otro lado hay quienes defienden los miles de empleos que podrían generarse con este proyecto.
De momento los magistrados no manifestaron un plazo para tomar una resolución por este caso, aunque se estima que serán más de seis meses y dependiendo del resultado, la parte perdedora podría acudir a tribunales nuevamente, lo que aumentaría los tiempos.