Los proyectos de Pascua Lama y Casale son criticados por parlamentarios y organizaciones ecologistas.
El Poder Judicial y las autoridades locales han dictaminado medidas contra la empresa canadiense.
La Seremi de Minería de Atacama cuestionó los argumentos de la empresa Barrick Gold sobre los incumplimientos a la normativa ambiental del proyecto Pascua Lama, mientras que el diputado Lautaro Carmona (PC) afirmó que la aprobación del proyecto Casale, de la misma empresa, vulnera el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos originarios.
En octubre de 2012 el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) detuvo las operaciones mineras de Pascua Lama por la polución que producían las faenas y el riesgo para la salud de los trabajadores.
Hace una semana, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama aplicó una multa de 120 millones de pesos por considerar que la compañía infringió normas sobre la construcción de un bypass para el tránsito de camiones, el manejo de pozos sépticos y reglas para las plantas de tratamiento de aguas servidas en el campamento de trabajadores.
También en 2008, la Dirección General de Aguas advirtió que no se cumplían algunos compromisos que le permitieron obtener la autorización ambiental, lo que fue ratificado por el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, y que podría conducir al cierre de la explotación.
El vicepresidente de Asuntos Corporativos de la minera canadiense, Rodrigo Jiménez, salió al paso de las multas y enfatizó que "en Barrick siempre hemos dicho que estamos comprometidos con el cumplimiento de nuestras obligaciones y hemos presentado nuestros descargos sobre estos temas. Si en algún punto hubiésemos fallado, asumiremos nuestra responsabilidad".
Desde el Gobierno, el Seremi de Minería de Atacama, Mauricio Pino, afirmó que "me cuesta mucho explicar la desazón que como autoridades tenemos frente a esta situación, porque entendemos que la empresa quiere cumplir con la normativa".
Pino agregó que "nos llama la atención que cuando analizan estos incumplimientos, la empresa traiga explicaciones como que la estación meteorológica se la llevó el viento o que la cámara fotográfica se congela o que las muestras de las fosas sépticas del campamento no dicen de dónde las sacó o cómo las obtuvieron, son argumentaciones bastante desconcertantes".
A estos incumplimientos se agrega el no responder a cabalidad con el monitoreo de los glaciares colindantes a la obra.
Acusaciones ciudadanas
El director del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, señaló que "proyectos que no deberían haberse realizado como el de Barrick, hecho sobre glaciares en un convenio raro que se hizo bajo los Gobiernos de la Concertación entre Argentina y Chile para explotar las cimas de las montañas, habíamos dicho que era extremadamente vulnerable todo el ecosistema allí".
Baquedano añadió que "las autoridades de medioambiente ya no pueden hacer la vista gorda, sino que tienen que dar cuenta de la gravedad de las situaciones que se están produciendo".
Más crítico con este proyecto fue el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristián Cuevas, quien manifestó que "estas empresas transnacionales y que trabajan la minería en fronteras en alianza con Argentina, son un suprapoder sobre los Estados de Chile y Argentina que se ha permitido a partir de estos acuerdos binacionales en los que no se piensa en la soberanía del país, en los recursos naturales y menos en la vida, en la salud y en los derechos y en el bienestar de los trabajadores".
Proyecto Casale
Toda esta problemática, se da en paralelo con la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó que admitió a trámite un recurso de protección presentado por la comunidad Coyapaipote en contra del proyecto Casale, perteneciente a la misma empresa.
Este proyecto fue aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Atacama el pasado 3 de enero.
Al respecto, el diputado por la zona, Lautaro Carmona (PC), indicó que "me llama la atención que haya más sensibilidad en el Poder Judicial que en un órgano del Estado que está vinculado con el tema como es el SEA de Atacama, que fue capaz de entregar un estudio de impacto ambiental que con conceptos muy relativos favorecía a la empresa".
Carmona acusó además que los pueblos originarios del sector "fueron consultados, entregaron sus opiniones y esas opiniones no fueron consideradas".
A ambos emprendimientos mineros aún les quedan instancias judiciales y administrativas para saber si se respetan todos los compromisos adoptados para que se ejecuten sus producciones durante los próximos años.
