Más de 200 pescadores artesanales, recolectores de orilla y buzos de Mejillones interpusieron una demanda por el derrame de ácido sulfúrico ocurrido el 25 de septiembre del 2017 en el terminal de la empresa Michilla Costa, perteneciente a Antofagasta Minerals, del Grupo Luksic.
El derrame, de cerca de 2.400 litros, ocurrió por una fisura de un flexible de transferencia del terminal marítimo y los pescadores exigen una indemnización de 6.420 millones de pesos por este episodio.
El abogado representante de los pescadores, César Barra, espera que las empresas impongan protocolos para evitar la contaminación.
"Lo que esperamos es que en materia judicial no tengamos una discusión en torno a si existió o no el hecho, porque a veces las empresas niegan la realidad, niegan el hecho y la verdad es que acá lo que estamos buscando es que no solamente haya un resarcimiento del daño patrimonial y del daño moral a nuestros representados, que son cerca de 312 pescadores, sino que también haya un cambio de conducta, de procedimientos, de prevenciones por parte del sector empresarial", explicó.
Luksic apuntó al Estado por la contaminación en Antofagasta
Se trata de la segunda demanda que presenta el abogado por episodios de contaminación, siendo la primera en representación de pescadores artesanales de Tocopilla y este jueves ambas partes están citadas a una audiencia de conciliación en la Corte de Apelaciones de Antofagasta por este recurso.
El empresario Andrónico Luksic Craig se defendió y apuntó al Estado por la contaminación en Antofagasta, asegurando, a través de un comunicado, que "si el Puerto de Antofagasta está contaminando, la autoridad debe cerrarlo ya".
"El dueño del puerto es el Estado de Chile y Antofagasta Terminal Internacional es su concesionaria. Por lo tanto, es la autoridad la que debe tomar esa decisión y si así lo resuelve, lo acataremos con todos los costos que esto implica", afirmó en respuesta a un reportaje de El Mostrador sobre esta situación.
Acusan "responsabilidad compartida"
Sin embargo, el representante de Asopesca Tocopilla, Manuel Adaos, aseguró que la responsabilidad es compartida.
"Aquí hay responsabilidades compartidas. Por un lado, las empresas hoy contaminantes que ya están identificadas y, por otro lado, también el Gobierno tiene que hacerse parte en esto, porque hoy quien administra los recursos marinos es el Estado", aseguró.
Entonces, indicó, "aquí hay responsabilidades compartidas y esas responsabilidades compartidas hoy no se han visto reflejadas en la realidad de lo que hoy estamos viviendo en la región. No tan solo estoy hablando de Mejillones y Tocopilla, sino que estoy hablando de la región".
Cada demandante exige 30 millones de pesos por las pérdidas sufridas ante el impedimento de trabajar en la costa de la región y otros 30 millones por daño moral.
