Además, ONGs denunciaron que sólo en 2023 más de 20 defensores ambientales fueron amenazados en el país.
Este 22 de abril se conmemoró el Día de la Tierra, conmemoración nacida en Estados Unidos que desde la década de 1990 tomó carácter mundial y que, en medio de la "ebullición global" que vive el planeta, como describe ONU, adquiere una especial relevancia; aunque pareciera que no hay esfuerzos realmente comprometidos para revertir esta realidad.
La consultora Ipsos publicó un informe llamado "Día de la Tierra 2024", sobre la base de entrevistas a más de 24 mil personas en 33 países del mundo, incluido Chile, mostrando que 31% cree que su gobierno tiene un plan claro para que tanto las empresas como las personas puedan enfrentar el cambio climático, pero es la misma cifra que el año pasado.
"En este punto, el ranking es encabezado por China (75%) e India (73%); y Chile ocupa el puesto 19 a nivel global, con 28%", detalló la empresa.
Además, "72% de los chilenos cree que si la gente no actúa ahora para combatir la crisis ambiental le fallaremos a las próximas generaciones, y 71% piensa que se debería hacer más en la lucha contra el cambio climático. Pese a esto, el estudio mostró que solo un tercio de la población global ve a su país como un líder mundial en la lucha contra la crisis climática. En Chile, sólo el 28% lo ve como un referente en esta materia".
El Día de la Tierra también ha motivado iniciativas tecnológicas, como el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para ayudar en iniciativas que como ciudadanos del mundo se pueden realizar para ayudar al planeta.
Por ejemplo, Google opera Google Flood Hub, que "fusiona imágenes satelitales con reportes meteorológicos y mapas de inundaciones, más un algoritmo que analiza el nivel del agua de ríos y esteros, para elevar alertas de posibles anegamientos producto de lluvias".
En contraparte a las inundaciones, los incendios forestales ahora también son analizados a través de Google Maps, que dispone de información en tiempo real, pues su ocurrencia se puede revisar a través del botón Capas de este servicio geolocalización.
Al igual que en todo el planeta, en Chile hay diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en proyectos a favor del medio ambiente o que centran sus esfuerzos en la educación de la población y en la denuncia de actividades productivas cuya naturaleza o tipos de procesos son una amenaza.
Este lunes, por ejemplo, la sección chilena de World Wildlife Fund (WWF, en inglés) relevó la experiencia que desarrolla en Nahuelbuta, Región de Los Ríos, con el proyecto "Abastecimiento de agua potable rural, restauración de bosques y derechos humanos, en la cuenca del río Valdivia", financiado por la Unión Europea (UE); y que aborda un problema desconocido para la localidad: Pasar de ser una zona lluviosa a por primera vez ser declarada como de escasez hídrica.
La iniciativa utiliza la red de satélites europeos Copernicus, que apoya el monitoreo de las aguas superficiales, esenciales para la restauración de los bosques, y así "determinar y cuantificar escenarios futuros en cambio climático asociados principalmente a la escorrentía superficial en la cuenca del río Valdivia, lo que permite tomar decisiones ahora, proyectando escenarios de escasez futuros y basados en ciencia", relató Carlos Vergara, encargado de Bosques y Restauración de la ONG.
En otra línea de acción, este mismo lunes otros grupos denunciaron que sólo en 2023 más de 20 defensores ambientales fueron amenazados en Chile.
Activistas de varias organizaciones llegaron a la inauguración de la Tercera Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo de Escazú, en la sede de la Cepal en Santiago; para hacer "un llamado es a tomar acción, a no quedarse de brazos cruzados y hacer algo para dar protección a quienes hoy arriesgan su vida por proteger la vida que alberga nuestro planeta", comentó Joaquín Salinas, coordinador de la campaña de defensores de la ONG Escazú.
Para Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos, "la actual crisis ambiental, asociada al neoliberal modelo extractivista-exportador, amenaza la democratización de la sociedad chilena, nuestra biodiversidad y los derechos humanos y sociales de las comunidades locales y pueblos originarios, comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones".
En esa línea, llamó al Gobierno a implementar las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, David Boyd, y a la ciudadanía y movimientos socioambientales a incrementar la resistencia frente a la destructiva expansión minera, forestal, de energía y de la salmonicultura industrial.
