"El Gobierno hace bien en agotar todas las medidas, porque esto va a quedar como un registro que es imposible después de reparar", dijo el timonel PC.
El diputado Daniel Manouchehri (PS) cuestionó la ética del exdiputado Osvaldo Andrade, quien ha defendido públicamente el proyecto.
En El Primer Café, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, respaldó este martes la ofensiva que activó el Gobierno contra el controvertido megaproyecto Dominga, que incluye una mina y un puerto para la extracción de concentrado de hierro en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.
Ayer, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó recursos de casación ante la Corte Suprema para impugnar el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta que el pasado 9 de diciembre anuló el rechazo del Comité de Ministros de la iniciativa de la empresa Andes Iron, por haber transgredido el principio de imparcialidad.
A su vez, el Comité de Ministros -compuesto por seis secretarios de Estado de diversas carteras- realizó una sesión extraordinaria en la que resolvió que todos sus integrantes se inhabilitarán de participar en una próxima sesión que resuelva el futuro del proyecto.
A raíz de esto, desde el Ejecutivo realizaron una consulta a la Contraloría General de la República para resolver la composición y la presidencia de este órgano.
Al respecto, Carmona opinó que "el Gobierno hace bien en agotar todas las medidas, porque esto va a quedar como un registro que es imposible después de reparar; o sea, son daños irreparables y no se puede, una vez que alguien se equivoca, empezar a reponer los peces, los pingüinos y una cantidad de cosas que son muy propias y exclusivas de esa zona, que vincula y une la Región de Coquimbo con la Región de Atacama, entre Punta Choro y Chañaral de Aceituno, y que tiene como propósito también para muchos científicos a nivel planetario ir a estudiar y conocer".
Asimismo, el exdiputado acusó que Andes Iron hace "una manipulación que no es muy ética" al "usar la necesidad que tenga la gente local desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista del confort, desde el punto de vista de la pavimentación, desde el punto de vista del agua potable, porque son datos que pueden ser, al final, un hecho que es un volador de luces, todas necesidades reales, pero el tema de fondo, más estratégico, es el que tiene que hablar el Estado".
El vicepresidente de Amarillos por Chile y exministro de Justicia, Isidro Solís, destacó que la inhabilitación del Comité de Ministros "es inédita" y "en sentido estricto, lo que hace es paralizar definitivamente el pronunciamiento sobre el proyecto", dado que "lo que (la ley) establece es un Comité de Ministros; no establece un Comité de Subsecretarios ni un Comité de Subrogantes".
"La lectura que tenemos que hacer es, en definitiva, (que) el pronunciamiento va a quedar en suspenso, la pelota vuelve a botear en sede judicial y lo que hay que esperar ahora es el pronunciamiento de la Corte Suprema. O sea, el efecto práctico es que el proyecto queda suspendido, la resolución judicial en sus efectos queda suspendida y, mientras no haya una decisión definitiva, el proyecto no va a poder avanzar", señaló el abogado.
"El Gobierno hace lo correcto en apelar, porque, además, el fallo absolutamente fuera de derecho", dijo, a su turno, el diputado Daniel Manouchehri (Partido Socialista), férreo opositor de Dominga, quien, además, cuestionó la ética del exdiputado y también militante socialista Osvaldo Andrade, quien actualmente es abogado del Sindicato de Trabajadores Faeneros (Fadechi) y ha defendido públicamente el proyecto.
El parlamentario por Coquimbo planteó que el otrora ministro del Trabajo "debería omitirse de este debate público o debería transparentar este debate, porque no puedo un día ser político y al otro día ser lobbista de la empresa".
Afirmó que la de Andrade "es una figura rara, porque representa trabajadores que hoy día no están trabajando en Dominga; entonces, evidentemente sería bueno saber cuáles son sus contactos con la empresa".
"Él ha tratado de tomar contacto también con los alcaldes para hacer lobby de una manera, al menos, irregular, llamándolos por teléfono. A mí me han llamado los alcaldes para decirme que esto ha acontecido, pero yo creo que él debería omitirse, al menos públicamente, de este debate. Si él asesora hipotéticamente a esta empresa, sería bueno saber cuáles son los vínculos y cuál es el interés excesivo porque Dominga se instale", enfatizó.
Manouchehri recordó que el Comité Central -la máxima instancia de decisión partidaria de los socialistas- aprobó recientemente un voto político en el que se opuso a la iniciativa, "por lo cual todos los militantes del PS deberían acogerse a eso".
Posteriormente, en una declaración pública, el diputado pidió a la Suprema que "restituya el derecho y actúe libre del lobby de Dominga, muy en especial el juez Jean Pierre Matus".
Dominga es muerte y corrupción. Sería una aberración instalar un Mega puerto minero donde está el 80% de la población pingüino de Humboldt del planeta.
— Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) December 24, 2024
La apelación del gobierno va en la línea correcta. Esperamos que la corte suprema restituya el derecho, y actúe libre del lobby…
Finalmente, la secretaria general de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, sostuvo que la del Gobierno "es una señal confusa, porque por una parte se inhabilitan pero recurren a la Corte Suprema al mismo tiempo".
"En el fondo, lo que aquí pasa es que el Gobierno está en contra de este proyecto y no quiere que salga, y, en vez de buscar cómo mejorarlo para que efectivamente sea un proyecto viable para la comunidad, que no afecte la biodiversidad, que tengamos una zona protegida pero que también permita el desarrollo de un proyecto grande que efectivamente va a traer progreso a la zona, yo veo que lo que aquí buscan es seguir dilatando y que finalmente no lo tengan que aprobar en este Gobierno, porque tienen una mirada parcial del proyecto y obviamente negativa sobre él", cuestionó la dirigenta opositora.
Añadió que el tipo de ofensiva de La Moneda contra Dominga "es de las cosas que da mayor inestabilidad a proyectos grandes y no llama a lo que necesitamos hoy día más en Chile: desarrollo, progreso e inversión con cuidado del medio ambiente".
En la misma línea, el diputado RN José Miguel Castro, quien integra la Comisión de Minería, acusó que "este Gobierno, en su afán ideológico, no quiere dejar avanzar la inversión. Eso es lo que ha pasado con Dominga, ahora yendo incluso a la Corte Suprema. Es importantísimo entonces que dejen actuar lo que estableció el Tribunal Ambiental de Antofagasta, y dejar actuar a la empresa, seguir adelante, porque eso beneficia a los propios vecinos".
Desde La Higuera, en tanto, Jorge Cabrera, vocero del Sindicato de Pescadores Totoralillo Norte, que apoya a Dominga, dijo que "un poder del Estado, como la Corte Suprema, no debiera doblegarse a presiones ideológicas; aquí debieran ellos decir si se ajusta o no a la legalidad y darle paso a favor de que se realice este proyecto".
Una de las detractoras locales del megaproyecto es Lucía Ossandón, presidenta de la Comunidad Indígena Changa Juana Vergara y Familia, quien remarcó que "estamos en total desacuerdo con lo que está pidiendo el Tribunal Ambiental, así que le pedimos al Comité de Ministros que siga rechazando la minera Dominga, porque ya estaba rechazada, para nosotros ya está sepultada".
"No entiendo por qué nuevamente están pidiendo votación, si eso ya quedó en el 2023. Y como changos del territorio no vamos a permitir jamás que una empresa como esta venga a dañar lo más lindo que tenemos en la comuna de La Higuera, que es el santuario Punta de Choros", sentenció.
Este martes, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, defendió la decisión de inhabilitarse y recurrir a la Contraloría. En varias entrevistas radiales, la secretaria de Estado señaló que no está claro quién debería componer el nuevo comité que va a definir el futuro del proyecto.
