Durante su visita a la Región de Atacama, el Presidente José Antonio Kast lideró este jueves un hito clave para la infraestructura nacional: la promulgación de la nueva Ley de Desalinización, aprobada por el Congreso en marzo pasado luego de ocho años de tramitación.
La norma establece, por primera vez en Chile, un marco regulatorio dedicado a la extracción y tratamiento de agua de mar, un avance crítico para las regiones del norte que enfrentan una escasez hídrica estructural.
La iniciativa busca otorgar certeza jurídica a un sector que, hasta ahora, operaba sin una legislación específica.
Entre sus medidas principales, la ley crea una concesión marítima especial para desalación, fija plazos estrictos para la obtención de permisos y establece una obligación social: los proyectos industriales deberán reservar hasta un 5% de su capacidad para asegurar el consumo humano y el saneamiento en las comunidades aledañas.
Uno de los mayores beneficios de esta ley es la optimización de los tiempos de desarrollo.
Eficiencia administrativa
Según datos del Gobierno, actualmente un proyecto de esta envergadura puede tardar más de una década en concretarse debido a la dispersión administrativa. Con la nueva norma, se espera reducir drásticamente estos periodos de espera.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, destacó que "esta regulación le va a dar un nuevo impulso y una nueva estabilidad a la industria".
"Nosotros siempre hemos dicho: queremos que la próxima década sea la década de la desalación, sobre todo que hay muchos proyectos mineros de crecimiento, de agua potable, incluso de agricultura, que van a demandar más recurso hídrico en esta zona centro-norte y norte del país", dijo el secretario de Estado.
El Ejecutivo tendrá ahora un plazo de 18 meses para dictar los reglamentos correspondientes que, junto a la nueva Estrategia Nacional de Desalación, buscarán consolidar esta tecnología como una política pública permanente frente a las proyecciones climáticas de las próximas décadas.
