La ONG Escazú Ahora criticó que el Gobierno aún no fija plazos ni muestra avances para enviar al Congreso un proyecto para proteger a defensores ambientales, a la vez que advirtió el "alarmante" aumento de estas agresiones en Chile.
Durante 2023, la organización recibió 35 denuncias de violencia en contra de 20 defensores de las regiones del centro y sur de Chile, lo que a su juicio es "sólo la punta del iceberg".
El coordinador de Escazú Ahora, Joaquín Salinas, advirtió que "nosotros durante el año recibimos, en promedio, dos casos de violencia contra defensores ambientales por mes, (...), sin embargo, es posible que está sea sólo la punta del Iceberg, puesto que pueden haber otros casos de los cuales no tengamos conocimiento".
Según el informe que realizó la ONG, las más afectadas por estas agresiones son mujeres de entre 70 y 78 años de la Región de Valparaíso.
"Hoy estos datos nos revelan información muy valiosa. Por un lado, que la mayoría de las personas que defienden el medio ambiente son mujeres y requieren de medidas específicas para su protección y, por otro lado, que la protección del medio ambiente trasciende las edades, con una diversidad de casos que abarcan desde los 20 hasta los 80 años. Sin embargo, la concentración de casos de amenazas en edades avanzadas nos debe llamar a reflexionar y pensar en medidas específicas de protección para este grupo etario", remarcó.
En cuanto a los sectores productivos vinculados a las agresiones, Salinas señaló que "en muchos de los casos no tenemos formas de probar que estos sectores son los responsables directos de las amenazas, pero sí constatamos que los defensores fueron amenazados mientras se encontraban protestando contra empresas de estos sectores productivos".
Así, la inmobiliaria lidera las agresiones con un 47 por ciento, seguida de la industria forestal con un 17 por ciento y la industria energética con un 8 por ciento.
"COMPROMISO INCUMPLIDO"
La ONG recordó que el Presidente Gabriel Boric inició su Gobierno, en 2022, con la firma del Acuerdo de Escazú, primer tratado sobre protección ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo en incorporar medidas específicas para la protección de defensores ambientales.
A ello, recordó Escazú Ahora, se sumó el anuncio en la primera Cuenta Pública de un proyecto para proteger a defensores de derechos humanos, lo que aún no ha ocurrido.
El presidente de la ONG, Sebastián Benfeld, remarcó que "aquí hay un compromiso incumplido" porque, añadió, "a más de un año y seis meses de que el Ejecutivo anunciara sus compromisos, no se ha enviado ningún proyecto de ley para proteger a los defensores de derechos humanos".
Benfeld, quien fue premiado por la ONU por su labor, agregó que "no existen actas que den cuenta de la existencia y trabajo de un grupo técnico entre los ministerios de Medio Ambiente, Justicia y Relaciones Exteriores para crear una institucionalidad de protección de defensores; y la Subsecretaría de Derechos Humanos afirma estar trabajando en un protocolo, pero se niega a indicar plazos y fechas sobre cuándo estará listo y cómo se implementará".
"Los jóvenes solemos quejarnos de que los gobiernos toman compromisos poco ambiciosos para enfrentar la crisis climática, comprometiendo acciones para el año 2050 para hacerle frente, pero en el caso del Acuerdo de Escazú no estamos hablando de poca ambición, estamos hablando de que no existe ni siquiera un cronograma de implementación".
"En definitiva, -añadió- no hay claridad de si el Ejecutivo está comprometido o no con está materia más allá de los discursos", enfatizó Benfeld.
Frente a este escenario, y tras la petición del diputado PS Daniel Melo, la Comisión de Medio Ambiente envió a la Subsecretaría de DDHH un oficio para saber el cronograma previsto para el protocolo que se vote el proyecto y los plazos de implementación.
