Con esta iniciativa, Chile se transforma en el primer país de Latinoamérica en contar con una normativa de este tipo.
La medida busca establecer una política pública eficiente en materia de residuos.
La firma del documento se realizó en una planta de reciclaje de la comuna de Quilicura.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje, durante la mañana de este martes, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que fomenta el reciclaje y que busca establecer una política pública eficiente en materia de residuos.
La nueva legislación pone el énfasis en que quienes produzcan o importen aceites lubricantes, aparatos electrónicos, baterías, pilas, envases de embalaje y neumáticos deberán hacerse cargo de devolverlos hacia donde fueron fabricados o distribuidos al finalizar su vida útil.
La firma del documento se realizó en una planta de reciclaje de la comuna de Quilicura y la Mandataria aseguró que con esta iniciativa, Chile se transforma en el primer país de Latinoamérica en contar con una normativa de este tipo.
"Lo que estamos haciendo al promulgar esta ley es asumir la responsabilidad que todos tenemos en el manejo de residuos, desde los hogares hasta el Estado, pasando por las empresas", explicó la Jefa de Estado.
La Presidenta Bachelet añadió que "hay diversas experiencias de reciclaje a nivel local que pueden replicarse y masificarse y en ese empeño necesitamos a todos, a las organizaciones sociales, a los grupos de vecinos, a las Municipalidades, a las instituciones públicas y privadas, a los empresarios y al Gobierno".
"Las tareas de protección del medioambiente, de combate al cambio climático y de protección contra sus efectos nocivos más urgentes, precisamente tiene que ser responsabilidad de todos, porque amenazan nuestro futuro y el de los que vendrán después", concluyó la Mandataria.
Con esta ley, el Ministerio del Medio Ambiente tendrá nuevas competencias en la gestión de residuos, entre otras tareas, como implementar un sistema de registro e información, fiscalizar y multar a través de la Superintendencia, por montos de hasta 5.475 millones de pesos.
