Una alerta de la problemática medioambiental y climática del país hacia niveles críticos se concluyó una nueva versión del "Informe País: Estado del Medio Ambiente en Chile 2022", desarrollado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
La octava versión de este estudio, cuyo objetivo es aportar a la comprensión transversal e interdisciplinaria de la situación ambiental de nuestro país y a la promoción de políticas y acciones que fomenten la sustentabilidad ambiental, entregó varias propuestas para enfrentar esta situación.
Entre las medidas destacadas, se encuentran cambiar hacia una nueva concepción del desarrollo de los ecosistemas naturales; optar por una nueva matriz energética nacional con énfasis en aumentar la presencia de las producciones eólicas y solares; realizar un cambio constitucional, legal y reglamentario para el uso del recurso hídrico y desplegar eficazmente en el territorio el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
En detalle, el director del Centro de Análisis de Políticas Públicas, Sergio Galilea, se refirió a los principales hallazgos dados en torno a temas como aire, aguas continentales, bosques nativos, degradación de las tierras, energía y desastres socionaturales, entre otros.
"Tenemos una disminución en las fuentes de agua superficiales y subterráneas y una situación que va agregando criticidad al recurso agua", señaló. Sobre este punto, advirtió que, "en ese sentido, el informe mantiene una situación de realismo o más bien pesimista: las tierras áridas se extenderán significativamente", advirtió el experto, quien también dio cuenta de la gran problemática de los incendios forestales.
"El promedio de incendios y áreas quemadas es de 70 mil hectáreas en cada periodo y se ha extendido además el periodo. Antiguamente, se decía que los incendios forestales son entre diciembre y abril-mayo, hoy día los incendios forestales pueden ser casi en cualquier periodo del año, casi en cualquier lugar de nuestra geografía", explicó.
Finalmente, Galilea recalcó la necesidad de impulsar "con urgencia y con gran prioridad nacional" una política de Estado en materia de medioambiente.
ALERTAS Y RECOMENDACIONES
El documento alerta, además, sobre la escasez hídrica, la pérdida de biodiversidad y el aumento de desastres socionaturales en el país, así como la insuficiente descarbonización de la producción energética, la dificultad de implementar políticas públicas coherentes y sistemáticas y el débil trabajo inter-agencial público, entre otras problemáticas.
Asimismo, en el marco de la discusión constitucional, el informe propone que Chile adopte una nueva Constitución que refuerce el sentido ecológico.
En esta línea, algunas de las recomendaciones planteadas son la inclusión del derecho de las personas a un aire limpio; el derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible; un Estado custodio de los bosques nativos y humedales; un deber estatal de proteger, conservar y restaurar la biodiversidad de los ecosistemas terrestres, marinos, insulares y antárticos; además de un deber estatal de elaborar una política para el desarrollo minero, que incorporé criterios de sustentabilidad ambiental y social.
A esto se suma un Estado que regula y promueve una matriz energética basada en energías renovables; que establezca un gobierno regional con funciones explícitas sobre la planificación, el ordenamiento territorial y el manejo integrado de las cuencas del país; que defina un gobierno local con funciones explícitas para la gestión de la reducción frente a desastres naturales; y, finalmente, que asegure un sistema de gobernanza ambiental participativo y descentralizado.
