La expresidenta Michelle Bachelet sostuvo que la propuesta de texto constitucional es un "retroceso" para los derechos de las mujeres, ya que puede declarar inconstitucional la ley de aborto en tres causales.
En el marco del lanzamiento del Cuarto Monitoreo de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, a seis años de su promulgación, en la Casa Central de la Universidad de Chile, Bachelet insistió en sus críticas, indicando que "este derecho adquirido por las mujeres ahora corre riesgo con el nuevo texto constitucional. La despenalización del aborto en tres causales podría ser declarada inconstitucional y así lo hemos escuchado por parte de algunos personeros del Partido Republicano y Chile Vamos".
"Tanto por la norma que establece que la ley protege la vida de quien está por nacer, la mayoría de la gente no sabe la diferencia entre el quién y el qué: el quién habla de personas y entonces tiene otro contenido, y por la que establece que el niño es todo ser humano menor de 18 años. Estas normas son peligrosas, ponen en riesgo un derecho", detalló.
Bachelet recalcó que "las mujeres no podemos permitir un retroceso así de nuestros derechos, no podemos volver atrás, no podemos arriesgar un derecho que tanto nos costó conseguir".
HUTT ACUSA "ESTRATEGIA DE CAMPAÑA"
Desde la derecha, la timonel de Evópoli y exconsejera constitucional, Gloria Hutt, reprochó que "la Presidenta Bachelet tuvo la oportunidad de intervenir para que se mantuviera el texto de la Constitución actual durante la segunda etapa de votación de la Comisión Experta y no lo hizo".
"Pudo conseguir los votos del oficialismo", insistió la también exministra.
"Así que concluimos que hay una estrategia de campaña, más bien de estrategia electoral, que intenta mantener el tema abierto como un punto de discusión y eso ha quedado en evidencia en las referencias que se hacen permanentemente en este tema", aseguró.
EL RIESGO DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
La doctora en derecho y representante de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, Lidia Casas, también se refirió al texto constitucional y al derecho a la objeción de conciencia institucional, el cual ve como un riesgo al momento de la implementación de esta ley, ya que "cualquier persona e invocando sus creencias, puede incumplir la ley, cualquiera de los mandatos legales".
En conversación con Cooperativa, la también directora del Centro de Derechos Humanos de la U. Diego Portales recalcó que en uno de los planteamientos que se levanta en este monitoreo tiene que ver con la disposición de parte de los funcionarios de salud para entregar servicios que hoy día son legales. Aquí hay una ley que dispone que las mujeres pueden acceder a interrumpir un embarazado en estas tres causales específicas. Entonces, disposición".
"Dos -continuó- , la posibilidad o no de tener información para toda la población, cuestión que no ha pasado desde los últimos seis años, aquí no hay campañas que den a conocer el derecho. Luego, la capacitación a todos los funcionarios públicos".
En concreto, Casas aseguró que con este texto constitucional "eso se diluye mucho más, porque aparece la objeción de conciencia como un tema central que cruza todo el texto constitucional, no solo el aborto. Y si ya hay personas que sienten que tienen el derecho para no hacer ni cumplir ciertos mandatos legales, va a ser mucho más difícil aún que aquellas personas cumplan lo que le mandata la ley y ese es uno de los temas relevantes".
"Y dos, que tenemos un grupo importante de médicos, anestesistas, matronas, que son objetores de conciencia, incluso en ese monitoreo pudimos establecer que hay personas que siendo objetoras, ni siquiera estarían dispuestos siendo el único médico disponible en su servicio de realizar un procedimiento en caso de una emergencia en que la vida de la mujer esté en riesgo, y eso es gravísimo", acotó.
IMPLEMENTACIÓN DEL GES 86
La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, también asistió al evento y se refirió a la implementación del GES 86, que aplica en caso de agresiones sexuales, y también a la repercusión que ha tenido en la ejecución de la tercera causal de la ley, relativa a violaciones.
"Lo que se ha visto es que posterior a la implementación del GES 86, ha aumentado la activación de la causal tercera en un 80%. Y eso lo que nos sugiere es que es efectivamente un facilitador el hecho de que se identifique precozmente la agresión sexual y se harán los seguimientos de la persona o se decide", expresó Albagli.
"El resultado de aquello se da un embarazo, entonces es más fácil que se tenga contacto con la persona, se le puede informar correctamente sus derechos para que eso sí sea efectivo", agregó
La subsecretaria también comentó los resultados de la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género, donde un 55% de la población mayor de los 18 años dice estar de acuerdo con la interrupción del embarazo, hecho que para ella demuestra una percepción ciudadana favorable.
