Sergio Moya afirmó que en dicha polémica, que data de agosto de 2015, hubo "una confusión tremenda".
La nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, arriesga hasta 10 años de cárcel en caso de ser declarada culpable.
A dos años de que estallara el caso Caval, el fiscal que lidera la indagatoria, Sergio Moya, aclaró uno de sus episodios más polémicos, que tuvo relación con el computador que ocupó en La Moneda el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, a quien se acusó de haber ordenado borrar información que guardaba el aparato.
"Eso no es así, hay una confusión tremenda. Lo que pasó con ese computador fue lo siguiente", dijo el persecutor en una entrevista con El Mercurio.
"Cuando Dávalos se retira de La Moneda lo que él pide es bloquear el usuario y la clave. ¿Para qué? Para que nadie ingresara a su sesión del computador y pudiese, según él, agregarle información o enviar correos a su nombre", explicó Moya.
"El computador nunca estuvo borrado", enfatizó el persecutor: "Nosotros rescatamos todo, pero no porque estuvieran borrados, sino que porque sólo se eliminó la cuenta de usuario, jamás hubo un borrado de archivo. Así lo corroboraron los peritajes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones", indicó.
Cabe recordar que la versión inicial del OS-9 de Carabineros, entregada en agosto de 2015 fue que el computador tenía archivos borrados, y que dentro de lo que se había logrado recuperar había documentos con términos "Luksic", "Chadwick" y "San Diego", pero no fue posible acceder a sus contenidos.
Las penas que arriesgan los imputados
El caso Caval, que involucra a la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, será revisado el próximo 17 de marzo, instancia en la que el Juzgado de Garantía de Rancagua decidirá si se cierra la investigación para, posteriormente, dictar la acusación contra los 13 imputados y fijar fecha de preparación del juicio oral.
Las condenas en este caso pueden ir desde los 61 días hasta los 15 años de presidio por delitos de cohecho, soborno, declaraciones maliciosamente falsas o incompletas, omisión maliciosamente incompleta o falsa, facilitación de facturas falsas, otorgar ventajas indebidas del síndico y la responsabilidad jurídica de Caval.
En el caso de Compagnon, el delito que se le imputa es el de declaraciones maliciosamente falsas o incompletas usando facturas falsas, por lo que podría enfrentar una pena que va desde los tres años y un día hasta los 10 años, destacó El Mercurio.
En el caso de Mauricio Valero, socio de Caval, se le acusa del delito de soborno y de declaraciones maliciosamente falsas o incompletas usando facturas falsas, arriesgando por cada delito una pena que va desde los tres años y un día hasta los 10 años.
Por su parte, Herman Chadwick, síndico de quiebras, es acusado del delito de obtener ventajas indebidas, lo que significa una pena que va desde cinco años y un día hasta los 15 años; además se le imputa el delito de declaraciones maliciosamente incompletas y falsas, con una pena que va desde los tres años y un día hasta los 10 años; y de omisión maliciosa de declaración, con una pena que va desde los 541 días hasta los tres años.
En el caso de Cynthia Ross, arquitecta que trabajó en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí y quien realizó gestiones para cambio de uso de suelo, se le acusa del delito de cohecho, por lo que podría enfrentar una pena que va desde los tres años y un día hasta los 10 años.
Los otros imputados son Pablo Ovalle, Daniel Huerta, Mariclara González, Juan Díaz, Andrés Orchand, Patricio Cordero, Pauline Besserer, Marisol Navarrete y Jorge Silva.
