Directora valoró debate en el país, pero dijo que se debe "ir más allá".
Piquer además recalcó que "negar la anticoncepción en un caso de violación es un trato a la mujer similar a la tortura".
Amnistía Internacional (AI) publicó este jueves como parte de la campaña "Mi cuerpo, mis derechos" un documento acerca del aborto y los derechos sexuales y reproductivos, donde solicita a Chile que despenalice el aborto en todos los casos posibles.
La organización no gubernamental, que ha presentado de forma global este proyecto, fijó como puntos más importantes donde hacer reformas en esta materia, en América Latina y el Caribe, a Chile y El Salvador, según precisó Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional-Chile.
"Valoramos que en Chile se haya iniciado un debate para despenalizar el aborto en los casos de violación e incesto, peligro de vida o anormalidad fetal grave, sin embargo sería conveniente ir más allá", precisó Piquer en una reunión con medios de comunicación.
El documento, sugiere avanzar en Chile hacia la derogación de la legislación que permite criminalizar a las mujeres que solicitan someterse a un aborto y tomar medidas que permitan abortos legales al menos en los tres casos mencionados.
En este sentido, la directora señaló que según un estudio de la Universidad Diego Portales entre 2008-2014 se procesaron en Chile 159 causas con condena en relación con abortos, 31 con condenas de prisión y el resto con multas y reducción de penas.
Además, Piquer recordó que "negar la anticoncepción en un caso de violación es un trato a la mujer similar a la tortura, por lo que es necesario que el Estado garantice los medios para evitar estas situaciones".
"Acabar con la discriminación y la violencia contra la mujer es en cierta medida un medio para prevenir también embarazos no deseados y por lo tanto adelantarse a la anticoncepción", explicó la experta.
El pasado 21 de mayo, la presidenta Michelle Bachelet anunció en el Congreso que presentará en el Parlamento un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en casos de inviabilidad del feto, violación o riesgo de vida, lo que inició en los últimos meses un intenso debate entre diferentes grupos sociales del país.
