El estudio contó con 11 mil encuestadas a nivel nacional.
Se conoció por primera vez que un tercio de las mujeres ha sufrido violencia ginecobstétrica.
La Subsecretaría de Prevención del Delito presentó esta mañana la quinta entrega de la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer, cuyos resultados contrastan con los del mismo estudio del 2020.
El análisis contó con 11 mil encuestadas a nivel nacional, donde el 20,3% de ellas reportaron haber sufrido alguna agresión durante este año –mínima caída al 2020 que registró un 21,7%-, mientras que un 33,4% dijo haber sido victimizada al menos una vez en su vida.
Al respecto, la ministra de la Mujer Antonia Orellana enfatizó en los desafíos que tienen las autoridades para ir disminuyendo las cifras, ya que, "nos queda un montón, una brecha de que no se sabe qué es lo que puede denunciar, cómo se puede, quién puede hacerlo, y en segundo lugar, una mayor confianza en que la denuncia detona consecuencias benefiocosas para la víctima".
"(Hoy) Estamos en una etapa que es fundamental, que es la implementación de la ley integral contra de la violencia de la mujer", aseveró.
En esa línea, explicó que la norma cuenta de tres cambios fundamentales: "Primero, una mejora en la revisión de las medidas cautelares, su seguimiento y protección; segundo lugar, hemos propuesto un sistema de gestión de casos en donde las mujeres no tengan que tocar al menos 4 puertas antes de conseguir ayuda, y tercero, la incorporación de los niños y niñas como víctimas, y no solo testigos".
Además, por primera vez se dan a conocer datos sobre violencia ginecobstétrica que expuso que un tercio (29,6%) de las mujeres encuestadas ha sufrido maltrato, negación injustificada o abuso en marco de su gestación, parto, aborto, puerperio, preparto o urgencia ginecológica.
María Balderas, académica de la escuela de obstetricia de la Universidad Andrés Bello, precisó que entre las principales causas está "el acceso limitado de los servicios de salud. En zonas rurales, podría haber un menor acceso por temas territoriales, pero también a servicios en cuanto a temas de calidad. Más que nada, por una atención que es insuficiente o inadecuada".
Asimismo, "hay una falta de personal capacitado, muchas veces no se logan estos procesos de capacitación continua en los equipos con lo que podría conducir a seguir reproduciendo prácticas obsoletas".
"Lo otro tiene que ver con barreras culturales y educativas de derechos sexuales reproductivos, si hay una falta de información o educación puede dificultar que las mujeres reconozcan o denuncien situaciones de violencia obstétrica", enfatizó la experta.
Por otro lado, la encuesta expuso que algunos patrones culturales han disminuido como el acuerdo en que el hombre sea el que exclusivamente deba responder a los gatos de la familia u hogar, que marcó un 14,5% y contrasta con el 37,4% del 2020.
Asimismo, hubo un aumento preocupante en que una mujer debe tener relaciones sexuales con su esposo o pareja aunque ella no quiera, que en 2020 marcó un 1,9% y este año subió a 4,2%.
"En la actualidad tenemos Ley Mila y Ley Dominga, que son proyectos que se aprobaron hace muy poco tiempo y que vienen a asegurar el acompañamiento y la atención respetuosa también en las pérdidas reproductivas. Se están implementando, han tenido buen resultado; sin embargo, se han implementado sin recursos", comentó Lina Córdova, presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile.
"Nuestra infraestructura es muy antigua y nos dificulta el acompañamiento y la atención integral que la ciudadanía nos está pidiendo que se entregue. Se han hecho un montón de cosas, pero sin recursos humanos. Falta aquí el compromiso del Gobierno", señaló la dirigenta.
