La ministra de la Corte Suprema y encargada de asuntos de igualdad de género y no discriminación, Andrea Muñoz, analizó la situación de las mujeres privadas de libertad en el país, afirmando que "la judicatura debiera evaluar medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva".
En el marco de la presentación del Segundo Informe Anual del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) 2021-2022, realizado este fin de semana, Muñoz afirmó que esta problemática es uno de "los desafíos que se presentan para el Poder Judicial y el rol que debe desempeñar la judicatura en relación a un tema que, si bien puede aparecer distante, en realidad le sigue siendo propio".
"Jueces y juezas deberán analizar el contexto de la situación sometida a su conocimiento y visibilizar y hacerse cargo del impacto que la experiencia del encierro, en condiciones que no se adecúan a las particularidades y necesidades de su género, puede tener en la perpetuación de las desigualdades o discriminación que afectan a las mujeres, teniendo presente que a la cárcel llegan mayoritariamente mujeres con un legado previo de exclusión social, bajos niveles de educación, dependencia masculina, mujeres cuidadoras, y jefas de hogar, muchas de ellas víctimas de violencia física y/o sicológica", puntualizó la ministra del máximo tribunal.
Dentro de los principales factores de riesgo de tortura o tratos crueles que visibiliza el informe en relación a las mujeres privadas de libertad, Muñoz destacó los relacionados con el acceso a la salud, las condiciones materiales de reclusión y el contacto con el mundo exterior.
"En lo tocante al Poder Judicial, insta a disminuir los tiempos de tramitación de las causas de estas mujeres a fin de acortar los plazos excesivos de prisión preventiva", detalló.
Luego de hacer referencia al proyecto de ley Sayén, que se tramita en el Congreso y que aborda la situación de madres que se encuentran en prisión, Muñoz señaló que "mientras tanto los esfuerzos de la judicatura debieran ir en la dirección de evaluar medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, en el caso de mujeres embarazadas o con hijos menores y, en todo, hacer un mejor manejo de las agendas para bajar los tiempos de la prisión preventiva en el caso de que sea impuesta".
A esta ceremonia, realizada en el auditorio del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, también asistieron el ministro y la fiscala judicial del máximo tribunal, Diego Simpértigue y Lya Cabello, a quienes se les hizo entrega oficial del informe.
