Insistió en que la Ley Antiterrorista "puede dar lugar a arbitrariedades en su aplicación".
El Comité de Derechos Humanos reiteró que se debe derogar la Ley de Amnistía aprobada durante la dictadura.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitó este jueves a Chile que en el proyecto de ley sobre la modificación de la prohibición del aborto incluya la despenalización en caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto.
Hoy se dieron a conocer las conclusiones finales sobre el caso de Chile, que el 7 y 8 de julio se sometió en Ginebra al escrutinio del Comité, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es Estado parte.
"El Estado parte debe establecer excepciones a la prohibición general del aborto, contemplando el aborto terapéutico y en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto", dice el texto emanado del organismo.
"Si bien toma nota de la información proporcionada por la delegación sobre un proyecto de ley en tramitación que pretende incluir excepciones a la prohibición absoluta del aborto, el Comité nota con preocupación que este proyecto no incluye la excepción al aborto cuando el embarazo sea consecuencia de un incesto".
Naciones Unidas señaló también preocupación por los altos índices de abortos clandestinos y recuerda a Chile que "el Estado parte debe asegurar que los servicios de salud reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes en todas las regiones del país".
Asimismo, el Estado "debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización sobre la salud sexual y reproductiva, en particular entre la población adolescente".
En el mismo sentido, el Comité lamenta que persistan leyes que discriminan a las mujeres y que siga en vigor el régimen de "sociedad conyugal".
"El Estado parte debe acelerar la aprobación de una ley para abrogar el régimen de 'sociedad conyugal', asegurando que el nuevo régimen patrimonial del matrimonio garantice la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre", cita el texto.
El Comité instó a Chile a que haga campañas de educación y de sensibilización para acabar con la discriminación de las personas en función de su orientación sexual o identidad de género.
Derogar la Ley de Amnistía
Por otra parte, y en relación a la Ley de Amnistía, que si bien no se aplica, sigue estando en vigor, el Comité solicitó que se derogue para asegurarse que ningún crimen de lesa humanidad quede impune y para que no haya espacio para la interpretación.
La citada ley fue impuesta por Augusto Pinochet con el objetivo -según los organismos humanitarios- de garantizar la impunidad a los autores de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
"El Estado debe eliminar la vigencia legal de la Ley de Amnistía y asegurarse que la misma siga sin aplicarse a las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado", señala el Comité.
Ley Antiterrorista
Con respecto a la Ley Antiterrorista, el Comité "sigue preocupado ante la definición de terrorismo, la cual es demasiado amplia y puede dar lugar a arbitrariedades en su aplicación", como el hecho de que se use para investigar y perseguir a los mapuche.
"El Estado parte debe reformar la Ley Antiterrorista y adoptar una definición clara y precisa de los delitos de terrorismo para asegurar que las actividades que realizan los agentes del orden en el marco de la lucha contra el terrorismo no estén dirigidas a determinadas personas por su origen étnico o cualquier motivo social o cultural", señala las conclusiones.
Con respecto a la investigación por crímenes de lesa humanidad, el Comité "celebra los avances que se han dado en la investigación, juicio y sanción por casos de graves violaciones de derechos humanos del pasado".
Sin embargo, al Comité "le preocupa" la aplicación de la "prescripción gradual" o "media prescripción", porque puede atenuar las penas, y el carácter secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados ante la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
