Un reclamo contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por concepto de obras adicionales y sobrecostos constructivos en los trabajos de modernización del Aeropuerto de Santiago, presentó el consorcio Nuevo Pudahuel, que opera el principal terminal aéreo de Chile.
Según consigna este martes La Tercera, la denuncia involucra un total de 4,6 millones de UF, equivalente a unos 183 millones de dólares, y fue presentada ante el Panel Técnico de Concesiones, una instancia resolutiva de discrepancias entre concesionarias y el ministerio.
El reclamo se sustenta en los resultados de un proceso anterior, iniciado en 2016, y en el que Nuevo Pudahuel pidió al panel que definiera de quién es la responsabilidad en el retraso de las obras. En su dictamen, esa instancia acusó que 425 de los días de retraso son atribuibles al MOP, mientras que 33 días son imputables a la sociedad concesionaria. Esto, por ejemplo, por problemas en el estudio de ingeniería de detalle desarrollados por el ministerio.
Dicha presentación, explica Nuevo Pudahuel, "demostró que las demoras incurridas por el MOP en el proceso de revisión y aprobación del proyecto de ingeniería definitiva causaron un retraso general en la ejecución de las obras, generando una alteración en la secuencia original constructiva original dispuesta cuyos efectos son múltiples y de larga duración, incluyendo los mayores costos que se demuestran y reclaman en la presente solicitud".
La compensación que solicita Nuevo Pudahuel considera los sobrecostos en que ha incurrido hasta el 31 de diciembre de 2018.
Esta denuncia se trata de un nuevo capítulo de una larga disputa que enfrenta al consorcio Nuevo Pudahuel y el MOP, después de la discrepancia sobre si las tarifas reguladas del contrato se debían entender con IVA incluido, que era la posición de la autoridad, y si debía recargarse sobre las tarifas; y, otro, sobre los costos ligados a la provisión de agua potable y tratamiento de aguas servidas.
La primera disputa fue llevada a arbitraje y a la fecha no ha sido fallado, mientras que el segundo conflicto fue sometido a arbitraje en 2017 y resuelto por la misma comisión arbitral en enero de 2019. Esta fue llevada a la Corte de Apelaciones, donde está pendiente de resolución.
