El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó rechazar la indemnización por más de 2.000 millones de pesos demandados por daño moral por la senadora Fabiola Campillai, cegada por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un carabinero durante el estallido social.
La resolución del organismo argumenta que no corresponde indemnizar a sus familiares, como su hermana Ana María Campillai y que el monto demandado es "desproporcionado respecto de los hechos en que se funda".
Según el escrito, el CDE aclara que "debe considerarse que dicha acción indemnizatoria debe proteger un interés legítimo, y desde la perspectiva del daño, este, para ser indemnizado, debe ser personal, lo que significa que solo quien lo ha sufrido puede demandar su reparación".
Los hechos demandados, si bien "revisten una trascendencia evidente, no puede obviarse la necesidad de establecer un límite a las reparaciones satisfactivas, las cuales solo podrían beneficiar al núcleo familiar más cercano; esto es, padres, hijos y cónyuge", agrega.
En un comunicado de prensa, el CDE enfatizó que la respuesta a la demanda interpuesta se realizó "sin desconocer la eventual negligencia cometida por los servicios policiales en este caso" y que "en dicha contestación, el Consejo solo ha solicitado una fijación prudente y equitativa de la indemnización que el tribunal pudiese determinar en su sentencia definitiva".
TRASFONDO ES "DEFENDER EL ESTADO EN SU DIMENSIÓN PATRIMONIAL"
Posteriormente, en una vocería el presidente del CDE, Juan Peribonio, explicó que "por ley nos corresponde representar y defender al Estado también en su dimensión patrimonial", por lo cual, con esa contestación, "hemos presentado los fundamentos para que los tribunales efectúen una correcta avaluación de los daños".
"En ningún caso se pretende con ello desconocer la actuación irregular del funcionario que disparó el proyectil, más aun cuando el propio CDE persigue mediante querella la responsabilidad penal de dicho funcionario, quien se encuentra formalizado", remarcó.
Pero "en el aspecto civil, respetando el dolor de las víctimas, en esta causa el Consejo ha solicitado que la fijación de la indemnización se realice con proporcionalidad y coherencia con casos similares, cuyos montos se reflejan principalmente en precedentes de la Corte Suprema", insistió el abogado.
"ES UN DERECHO"
Al respecto, Fabiola Campillai enfatizó que "la demanda civil es un derecho mundial, por lo tanto es un derecho para todas las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en Chile".
"El CDE dice que esto fue en el contexto del estallido, que Carabineros y los agentes del Estado estaban sobrepasados; yo entiendo que lo que dice el CDE es que ellos tienen toda la autorización de disparar, o sea que relativizamos todo, todo pasa porque sí, y se le da la autoridad a todos ellos", manifestó la senadora independiente.
El jefe del comité de diputados UDI, Jorge Alessandri, dijo al respecto que el rol de la entidad es resguardar los recursos del fisco e instó a los abogados de la senadora a que demuestren la pertinencia de la indemnización.
GOBIERNO PRESENTARÁ LEY DE REPARACIÓN INTEGRAL
En paralelo, el Gobierno presentó este miércoles avances en el Plan de Reparación de las Víctimas del denominado estallido social y anunció una Ley de Reparación Integral, en la presentación de la Mesa de Reparación para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en ese contexto, encabezada por la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, y la mencionada senadora.
En particular, los cambios se desarrollarán en el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), que había sido criticado por los afectados.
Al respecto, el Presidente Gabriel Boric destacó que "un componente fundamental de este nuevo programa es que se garantiza el acceso a las atenciones en salud, tanto física como también mental".
Para aquello, según detalló, "hemos dispuesto el aumento en la provisión de funcionarios de salud para el programa con distribución en distintos servicios de salud a lo largo de Chile".
Además, el mandatario explicó que los funcionarios y funcionarias involucrados "van a contar con formación integral en Derechos Humanos y trauma social, porque no podemos cometer el error de que cuando se acceda al Estado haya una revictimización producto de la ignorancia del mismo Estado".
AFECTADOS PIDIERON CELERIDAD EN PROCESOS JUDICIALES
En la ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda asistieron familiares de víctimas del estallido social, como el hijo de Cristián Valdebenito, que murió producto del impacto que recibió de una bomba lacrimógena.
"Es un paso que se está dando para nuestros compañeros que fueron víctimas de trauma ocular, pero para mí lo más improtante es la justicia que alguna reparación integral y que pague el responsable que mató a mi papá", señaló el afectado.
En la oportunidad también participó la madre de Romario Veloz, un joven ecuatoriano que murió producto de los disparos que efectuaron militares frente al Mall de La Serena.
"Yo le he pedido al mismísimo Presidente que por favor me ayude para tener un poco de celeridad en el caso, porque esta es una agonía y aquí necesitamos una reparación no solo monetaria, sino que psicológica, psiquiátrica y farmacológica".
