Un oficio del Consejo de Defensa del Estado (CDE) insta a las autoridades a no recurrir administrativamente al uso de la fuerza pública para desalojar predios fiscales que hayan sido ocupados por terceros -las denominadas "tomas"- sin un juicio previo, a excepción que se trate de bienes nacionales de uso público.
El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional de Valparaíso, Manuel Millones (UDI), dio a conocer este oficio enviado el 6 de julio de 2021 por el procurador fiscal del CDE, Michael Winkeldorf, y que fue distribuido a las Delegaciones Presidenciales Provinciales de la región, cuyo acuerdo fue adoptado el 23 de junio del año pasado por el Comité Civil del organismo, según consignó El Mercurio.
El documento sugiere que para el resto de los inmuebles de propiedad del fisco los delegados no apliquen esa facultad que otorga la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y, en caso de ser ocupados, la autoridad debería establecer la interposición de acciones posesorias ante tribunales civiles para lograr su restitución. Esto, explican expertos, haría más engorroso el proceso en que el fisco logre desalojar los predios tomados.
El core Millones dio a conocer este documento tras los recientes fallos de la Corte Suprema, que acogió recursos de protección interpuestos por los dueños, pero disponiendo que estos se coordinaran con organismos públicos para solucionar el problema de sus viviendas de los usurpadores.
"Hay que decir fuerte y claro que tanto los fallos de la Suprema como la circular del CDE están consolidando e incentivando las tomas", recalcó el consejero regional.
"RIESGOSO"
Por su parte, el profesor de Litigación de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, Juan Carlos Manríquez, señaló que este oficio no hace más que confirmar que las diversas normas que reglan la materia son "inarmónicas, inconsistentes e ineficaces", y que además retrasaría proyectos públicos. "Puede frustrar el ritmo de ejecución y priorización públicas y sustituirlas por otras, lo que incentivaría las tomas a quienes conozcan de esta situación", agregó.
Mientras que integrante del Consejo Académico de Urbanismo y Construcción de la Universidad Católica de Valparaíso, Jeanette Bruna, el problema es que "no bastan las posturas judiciales que complican el ejercicio de los derechos de los propietarios. Vemos que se agrega el ente llamado a defender esos derechos del fisco y eso lo encuentro riesgoso", apuntando que "esto debiera zanjarlo la Contraloría y no a través de sugerencias del CDE, porque deja en una posición muy incómoda a las autoridades llamadas a resolver".
