El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ingresó este martes al Congreso un proyecto de reforma que busca "modernizar" el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La iniciativa legal establece medidas como restringir la duración en el cargo del abogado consejero a 10 años o hasta cumplir los 75 años de edad, eliminando los cupos vitalicios.
Asimismo, establece nuevos requisitos para ser consejero y modifica el actual sistema de nombramiento los mismos, quienes ahora tendrán que pasar por un concurso público para que, luego, el Consejo de Alta Dirección Pública presente una quina al Presidente de la República, quien finalmente decidirá.
"Para adecuarlo a la realidad actual"
Sobre la presentación del proyecto, el ministro Hernán Larraín señaló que el Consejo de Defensa del Estado es una "institución clave en la defensa del patrimonio fiscal, y en general, de los intereses de nuestro país".
"Por eso, para poder adecuarlo a la realidad actual, ya que ha quedado un poco atrasado en sus estructuras y en su funcionamiento, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que buscar modernizarlo", explicó Larraín.
El secretario de Estado indicó que, "en lo fundamental, los cambios apuntan a darle nuevas y mejores atribuciones al CDE; darle un rol distinto a presidente de este organismo, crear una dirección ejecutiva para facilitar su gestión, definir formas nuevas para designar a sus consejeros, limitar su duración en el tiempo, y facilitar, cuando corresponda, su remoción".
"Estamos generando una nueva estructura que le va a permitir cumplir mejor sus importantes funciones para nuestro país", sostuvo el ex timonel UDI.
Remoción
El proyecto establece además un procedimiento de remoción de los abogados consejeros con causales determinadas, que puede ser solicitado por el Presidente o por un tercio de la Cámara de Diputados.
Dicha solicitud será resuelta por la Corte Suprema, luego de un procedimiento regulado por ley.
Las causales de remoción serán: Incapacidad física o psíquica, notable abandono de deberes, negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones o haber incurrido en alguna de las prohibiciones que establece la ley.
Limitaciones
En otro aspecto, la iniciativa legal establece la obligación -para los abogados consejeros y los abogados procuradores fiscales- de tener una dedicación prioritaria a sus funciones en el CDE.
En consecuencia, éstos no podrán tener otros cargos remunerados con fondos del Estado; no podrán celebrar contratos con el sector público que signifiquen la prestación de sus servicios; tampoco podrán participar en propiedad de empresas y sociedades que presten servicios jurídicos al sector público, entre otras limitaciones.
También, el proyecto de ley establece causales y un procedimiento de inhabilitación de los abogados consejeros, así como se agrega nuevas prohibiciones posteriores al cese del cargo, como no poder ser nombrados miembros de los Tribunales Superiores de Justicia durante el plazo de un año.
Nuevas funciones
En otros aspectos, el proyecto de Gobierno entrega nuevas funciones del Consejo de Defensa del Estado, tales como la colaboración en la defensa internacional de Chile a requerimiento del Presidente de la República; la extensión de la intervención del Consejo hasta la etapa de ejecución de la pena, o la defensa de los recursos de protección de los órganos centralizados, en otros aspectos.
Asimismo, la reforma establece nuevos deberes y atribuciones del presidente o presidenta del organismo, como la facultad de determinar la organización interna del Consejo, previo acuerdo de los abogados consejeros; la facultad de encomendar tareas específicas a los abogados consejeros, y la facultad para definir las materias de especialidad que serán vistas por cada uno.
Nuevos cargos
Además, el proyecto crea cuatro nuevos cargos: un decimotercer abogado consejero, (de modo que el presidente del CDE no integre las comité de trabajo) dos abogados procuradores fiscales más para Santiago, y un director ejecutivo, quien será de exclusiva confianza y dependiente jerárquicamente del presidente del Consejo.
Finalmente, se consagra por ley un Comité de Ética, integrado por el presidente del CDE, un abogado del Servicio y el presidente del Colegio de Abogados con mayor número de afiliados.
