La Contraloría General de la República (CGR) anunció el inicio de una auditoría nacional a todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones, en un período que comprende del 2021 a la fecha.
Esta semana se conoció que un equipo especial de investigadores del organismo se instaló en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda en Antofagasta, tras conocerse los millonarios convenios suscritos entre esa repartición y la fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de Revolución Democrática.
Sin embargo, el caso convenios se expandió a varias regiones del país por similares hechos: contratos con fundaciones, con traspasos directos de millonarias cifras, en Atacama, el Maule y Biobío. Todo esto en medio de una serie de investigaciones abiertas por el Ministerio Público.
A lo anterior se suma la acción de la Contraloría, que además señaló que se realizarán acciones de fiscalización en otros servicios, "en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos, así como también el análisis de datos masivos de la institución".
"Las auditorías contemplarán áreas como asignaciones directas, rendición de gastos, ejecución presupuestaria, otorgantes, receptores, entre otros aspectos", concluyeron.
Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseguró la última jornada que "el gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. Se establece un marco de objetivos y prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu".
"NO PONGO LAS MANOS AL FUEGO POR NADIE"
El Presidente Gabriel Boric dijo hoy en su visita por la Región del Maule que "lo más importante y lo que no podemos perder de vista, a propósito de los casos de daño tremendo que se hace a la fe pública cuando se utilizan mal los recursos, muchas veces se olvida que los grandes afectados no son un partido político, no es un gobierno, eso puede ser también, pero eso pasará. Los afectados son las personas, es el pueblo y la plata que es de todos los chilenos se tiene que ocupar para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos".
En tanto, el Mandatario tomó distancia respecto al presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, quien admitió que supo de convenios pre-estallido del escándalo, asegurando que no puede hablar por él, pero que en su caso, apenas supo que podía existir irregularidades: "Dije inmediatamente que se debe entregar toda la información, se debe averiguar todo lo que corresponda y no se defenderá a nadie que haya cometido irregularidades o delitos. Se harán valer las posibilidades administrativas, penales y políticas que correspondan".
"No pongo las manos al fuego por nadie, todo el mundo tiene que estar disponible a ser investigado. A veces hay quienes parecieran querer instalar una contradicción entre quienes hacen las denuncias y el Gobierno. Yo les digo: bienvenidos a quienes hacen las denuncias, queremos colaborar en eso", explicó el jefe de Estado.
En esta línea, recalcó que le ha instruido "a nuestro Gobierno que tiene que prestar toda la colaboración y no solamente una que sea reactiva, sino que tiene que trabajar con iniciativa propia", a lo que se suma también la creación de "una comisión de alto nivel para poder mejorar los estándares que existen en la colaboración que realizan fundaciones y corporaciones con el Estado, que son muchas".
"Lo que no podemos permitir es que por un par de sinvergüenzas o eventualmente incluso delincuentes, si así lo determina la justicia, fundaciones que realizan una labor que es valiosa, se vean entrampadas en esto y no puedan seguir realizando esa labor", puntualizó Boric.
El Mandatario insistió que desde el Ejecutivo "no se va a proteger a nadie, absolutamente nadie: no se mete la suciedad debajo de la alfombra, que todo salga a la luz".
CUESTIONAMIENTOS DE LA OPOSICIÓN A CONTRALORÍA
La iniciativa de Contraloría, no obstante, es considerada tardía por parte de la oposición, que ha realizado una fuerte crítica al órgano y sus métodos para controlar este tipo de situaciones irregulares.
"La pregunta es a la Contraloría, ¿por qué no saltaron las alarmas con los fraccionamientos de pago? ¿Por qué no saltaron las alarmas con los RUT muy nuevos? ¿Por qué no saltaron las alarmas con los cambios de giro? ¿Qué pasó con estos pagos directos? y ¿por qué desde hace un año y medio se relajó el control?", cuestionó el diputado republicano Johannes Kaiser.
En una línea similar, la senadora RN Paulina Nuñez afirmó que "la Contraloría en toda esta situación llegó tarde, llegó mal y efectivamente uno tiene que dar muestra, siendo como máximo órgano contralor no se te pueden pasar estas situaciones".
"Pero en este caso si hubo toma de razón de la Contraloría, por supuesto que -a mi juicio- con todo lo que ya hemos conocido, no es una muestra que te limpie la situación, sino que al revés, es una muestra de que a lo mejor las cosas en la propia Contraloría no se están haciendo bien", puntualizó la parlamentaria.
