A días del cambio de mando, el Gobierno de Bachelet no tomó en cuenta las medidas planteadas por el contralor Bermúdez tras una investigación.
Los antecedentes ya fueron enviados a Sebastián Piñera para que adopte medidas "proporcionales".
Riquelme fue cuestionado por millonarios contratos firmados por sus empresas con el Estado.
La Contraloría objetó la decisión del Gobierno de Michelle Bachelet de reducir la sanción impuesta al ex administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, por su participación en contratos irregulares.
Según informa La Tercera, la decisión fue firmada el 8 de marzo de este año, tres días antes del cambio de mando, por el entonces ministro Mario Fernández, y meses después se transformó en objeto de cuestionamiento por el ente fiscalizador.
Los decretos, identificados como 397 y 398, rebajaban las sanciones en contra de Riquelme y absolvían a otros tres funcionarios vinculados a contrataciones directas de proveedores, sin poseer una adecuada fundamentación.
Cabe recordar que el militante PPD y miembro del G-90 fue cuestionado por los millonarios contratos que firmaron con el Estado las empresas Greentec y Comercial A y R (Socoar), creadas por él y conducidas por sus cercanos.
Los cuestionamientos de Contraloría
Luego de analizar los antecedentes, el 6 de septiembre de 2017, la Contraloría propuso al Ejecutivo sancionar con multas del 15 por ciento de su sueldo a Germán Yovane Monetta, jefe del Departamento Jurídico y de un 20 por ciento a Natalie Vilches, ex jefa de Abastecimiento de Palacio.
En el caso de Cristián Riquelme, el contralor Jorge Bermúdez propuso una suspensión del cargo por 30 días con un goce de sueldo del 50 por ciento, medida que no fue tomada en cuenta por el Ejecutivo, que rebajó su sanción a censura, la medida disciplinaria más baja para un caso de estas características.
Esta resolución fue enviada a Contraloría para su toma de razón, oportunidad en que el organismo planteó que "no se aviene con los antecedentes del proceso sumarial".
Bermúdez pide "nueva ponderación" a Piñera
En el último dictamen, fechado el 11 de septiembre de 2018, Bermúdez enfatizó que la propuesta de sanciones se sustentó en las "omisiones en la fundamentación de las causales de contratación directa, (que) no pudieron ser desvirtuadas durante el curso de la investigación".
"No existen antecedentes objetivos que acrediten que los proveedores que fueron contratados hayan sido los únicos que cumplían, en cada caso, con los requisitos de discreción y confianza que garantizaran la seguridad de la Presidencia de la República. Asimismo, es importante destacar el carácter público de los recursos involucrados en cada uno de los actos administrativos cuestionados, sobre los cuales se configuran las infracciones administrativas señaladas en cada uno de los cargos", aseveró.
Ante estos hechos, la Contraloría decidió enviar una copia de esta decisión directamente al Presidente Piñera, con el fin de que "realicen una nueva ponderación de la documentación contenida en la carpeta investigativa y disponga la aplicación de sanciones que sean proporcionales a las contravenciones en que incurrieron los inculpados".
