Contraloría objetó la legalidad del decreto que crea un centenar de cargos de notarios, en una resolución en la que aseguran que la actuación del Ministerio de Justicia no se ajusta al ordenamiento jurídico.
Según publicó El Mercurio, el documento suscrito por el contralor Jorge Bermúdez indica que "considerando que el acto administrativo en comento contempla, en lo que interesa, fusiones y separaciones de cargos de notario y conservador, procede que esa cartera de Estado adopte medidas tendientes a ajustar su actuación al ordenamiento jurídico".
El pronunciamiento también advierte que "en lo que se refiere a la fusión y separación de cargos, cabe anotar que si bien el Código Orgánico de Tribunales otorga atribuciones en la materia al Presidente de la República (...) la delegación contenida en el consignado decreto N° 924, de 1981, dice relación únicamente con la fusión y separación, por una parte, de los cargos de conservador y archivero judicial, no siendo dable hacerla extensiva a la fusión y separación de los cargos de notario y conservador".
Además, una segunda parte del pronunciamiento apunta a la "motivación del decreto en análisis y consideración de informes favorables de las cortes de apelaciones respectivas", tomando como ejemplo la jurisdicción de la Corte de La Serena.
En el texto se indica que en el intorme de la Corte se señala que "existe la necesidad de la creación de al menos una nueva notaría para las ciudades de La Serena, Coquimbo y Ovalle", razón por la que "se entiende que dicha corte aprobó la creación de uno o más de tales oficios en las referidas comunas, de manera que la alegación formulada debe ser desestimada".
Ministro (s) de Justicia está "satisfecho"
Desde el Gobierno, el ministro (s) de Justicia, Nicolás Mena, se manifestó "satisfecho" por esta decisión, aclarando que el problema se subsanará rápidamente y que la Presidenta Bachelet ya se encuentra al tanto.
"Lo concreto que nos reprochó Contraloría es una cosa administrativa menor, que es este decreto que nos delega la facultad a partir del año 81, que dice que ese decreto no contempla la separación y función de notarios y conservadores, que hay que arreglarlo, pero sigue siendo absolutamente atribución de la Presidenta de la República", indicó el titular subrogante.
Mena subrayó que "se ha solicitado a la Presidenta que nos remita un decreto convalidatorio, que está ya en curso y por lo tanto dentro de las próximas horas va a estar listo, así que no hay ningún inconveniente con los 101 nuevos notarios y conservadores".
"Le puedo dar garantías a toda la ciudadanía que en esos sectores rurales, aquellos sectores más alejados de los centros urbanos del país, vamos a tener conservadores y notarios que les van a alivianar muchos trámites y les van a mejorar la calidad de vida", sostuvo.
Notarios: La interpretación del ministro (s) es equivocada
En respuesta, Juan Carlos Manríquez, abogado de la Asociación de Notarios, dijo que "la interpretación que puede hacer el ministro subrogante es equivocada y demasiado feliz, porque obviamente nadie puede negar que lo que hizo la Contraloría fue objetar la legalidad y las fuentes en las cuales se fundó el decreto 1515 y nadie puede decir que este no se extralimitó, por tanto alegó facultades delegatorias que nunca tuvo".
"Bajo ese punto de vista es evidente que el decreto exento 1515 ya fue declarado ilegal. La estrategia que se buscaba, que era evadir el control de legalidad, no dio resultado y por tanto está objetado", añadió el profesional.
"También es demasiado feliz decir que se ha autorizado la creación de más de 100 oficios notariales sin fundamento para ello, porque evidentemente eso no es así, puesto que faltan estudios para decidir si es procedente fusionar o dividir notarios y conservadores", sostuvo Manríquez.
Concluyó que "sigue siendo no sólo incompleta e insuficiente, sino que contraria al orden vigente. Bueno, y si se insiste, habrá que ejercer en su minuto los derechos que correspondan en las instancias que correspondan".
Desde la Asociación de Notarios explicaron que estudian la posibilidad de presentar una acción legal contra la medida, ya sea en tribunales o el organismo contralor.