Los traspasos de dinero se realizaron pese a que el fitofármaco comprometido aún no tenía autorización del ISP.
La Contraloría General de la República (CGR) hizo un detalle de las numerosas irregularidades que detectó en los convenios que la Fundación Daya firmó con 13 comunas del país en 2016, cuando la ONG era liderada por la actriz y actual diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista).
Según la CGR, "entre los hallazgos destaca que el laboratorio involucrado en la elaboración de un fitofármaco en base a cannabis, no contaba con permiso del ISP", y además "hubo incumplimientos en los convenios".
Fue en 2023 que el parlamentario republicano Juan Irarrázaval llevó el caso al organismo contralor, pidiendo la restitución de los dineros pagados a la fundación, los que consideraba "mal utilizados.
El "Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico" vinculó a la organización -que promueve el uso terapéutico del cannabis- con 13 comunas:
Al auditar los convenios suscritos enero de 2015 y diciembre de 2023, la CGR determinó que el programa tenía un costo de $423.426.000, "de los cuales se entregaron $359.025.625 a la fundación".
"Si bien los convenios y las transferencias de recursos a la fundación se materializaron entre junio de 2015 y diciembre de 2016, no se tuvo la certeza de que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco contara con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), la que se obtuvo en 2018 para la elaboración provisional de 7.200 dosis", destacó la Contraloría.
Además, "se constató que 9 de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado y 2 obtuvieron solo una parte de las dosis. No obstante, algunos de los municipios afectados no dieron cuenta de haber exigido el cumplimiento íntegro de los convenios o, en su defecto, la restitución de los recursos transferidos a la Fundación Daya, ante el incumplimiento del objetivo, como tampoco que hayan ejecutado acciones judiciales al respecto".
La CGR también apuntó que hay "inexistencia y/o duplicidad de rendiciones en el caso de Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros; aceptación de rendiciones de gastos por un monto superior al transferido por las municipalidades de Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros; y falta de revisión de las rendiciones o de antecedentes que den cuenta de dicha gestión en los municipios de Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral".
El ISP -recordó la entidad- "no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni le concedió el registro sanitario" y "las dosis producidas no estaban destinadas sólo al proyecto de Daya con las municipalidades, lo que implicó que las dosis no alcanzaran para cubrir lo establecido en los acuerdos, correspondiente al tratamiento para 2.300 pacientes por un año".
Por ello, "la Contraloría General iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos".
